Una invasión no deseada
Si el contexto político no fuera tan endiablado como reflejó el pasado martes la sesión constitutiva de las Cortes, lo más probable es que la controversia jurídica en torno a la procedencia o no de suspender a los presos electos hubiera alcanzado menos grados. Pero se ha complicado por esas circunstancias ambientales y porque a ninguna legislación procesal penal o parlamentaria se le puede exigir que prevea al detalle todas las situaciones posibles.
En este caso se han puesto de manifiesto ambigüedades o lagunas legales que han propiciado la impresión generalizada de que el Supremo y el Congreso se inhibían de sus obligaciones, intentando que fuera el otro el que lidiara con el problema. El Alto Tribunal colocó el peso de la decisión en el artículo 21.2 del reglamento de la Cámara, que prevé la suspensión cuando un parlamentario ha sido procesado y enviado a prisión.
Pero también determina que previamente los jueces habrán tenido que solicitar el suplicatorio a las Cortes, cosa que no se ha hecho en este caso, porque el Supremo estima que no procede cuando el juicio del caso 1-O está tan avanzado. Para el Congreso, en cambio, todo habría sido más sencillo si el Supremo se hubiera limitado a considerar que los presos electos nunca dejaron de estar suspendidos para ejercer cargo público, desde que su procesamiento fue confirmado en julio del año pasado. De hecho, este es el final previsible del debate. Lo posibilita el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya permitió al juez Pablo Llarena, durante la instrucción de la causa, la suspensión de los procesados, al ser acusados de rebelión y hallarse en prisión incondicional.
Pero lo que con toda seguridad retuvo la mano del Supremo fue el deseo de que ninguna de sus decisiones se interpretase como un movimiento invasivo de otro poder del Estado, el legislativo en este caso. Hay que volver a recordar que la suspensión de los cuatro parlamentarios independentistas dejará de momento el Congreso en 346 diputados, ante un debate de investidura que puede arrojar votaciones muy ajustadas. De ahí que a las lagunas de las normas se haya añadido la argumentación aparentemente escurridiza del Supremo, obligando a la Fiscalía y a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a dirigirse al Alto Tribunal para instarle, en sustancia, a que asuma la decisión de suspender a los presos electos, sin necesidad de que unos y otros sigan dando vueltas en el tiovivo de los circunloquios legales.