La UE, guardián verde
Las directivas comunitarias sobre agua o polución han sido la mejor tutela para preservar el medio ambiente en España
Si España no estuviera en la Unión Europea, sus aguas, su aire y sus suelos estarían más sucios. Seguro. Pertenecer a la UE ha comportado para España grandes ventajas ambientales. Las directivas comunitarias han sido un paraguas para la preservación de sus ecosistemas y un arma para evitar una mayor degradación ecológica. Esas normas han sido una guía, aunque frecuentemente desatendida: una red de salvación ante cierta indolencia mostrada a veces por las administraciones españolas.
Pero esta protección ambiental ha requerido una fiscalización continua con demandas ciudadanas ante la Comisión Europea. España es el país que más incumple las directivas comunitarias sobre medio ambiente, según una recopilación de expedientes de infracción hecha por la Comisión Europea (38 casos al finalizar el año 2017).
El palo ha sido a menudo más útil que la zanahoria para que las administraciones españolas rectificaran sus permisivas políticas ambientales. La UE ha servido de amparo. Pero, tal vez, los contribuyentes han pagado un peaje excesivamente caro por el hecho de tener que recurrir a esta vía (por tener una clase política excesivamente blindada y que no ha sentido el contrapeso de una mayor presión ciudadana interna). La protección ambiental ha sido a veces más eficaz cuando se ha ejercido desde Europa. Es como si nuestras autoridades necesitaran un control exterior adicional para acatar estas normas. Esta fuerza intimidatoria comunitaria define un particular europeísmo.
Uno de los sablazos más fuertes lo recibió el nuevo Gobierno nada más llegar al poder. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo obligó a España a abonar al presupuesto comunitario 12 millones de euros y a pagar una multa de 10,95 millones de euros al semestre por la deficiente depuración de las aguas residuales en 17 localidades.
Y lo mismo ha pasado en otros ámbitos. Las iniciativas de las autoridades españolas para combatir la contaminación del aire (en Madrid o Barcelona) se han activado a golpe de expedientes y requerimientos europeos.
Los expedientes de la UE contra la superación de los límites legales de polución en Barcelona y Madrid han sido la acción pedagógica que mejor han entendido las autoridades españolas, que han llegado a invocar todo tipo de argumentos para justificar la inacción previa. Sólo los planes entregados in extremis por los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han evitado –por ahora– que este expediente se convirtiera en una nueva sanción de la UE. Y decimos “por ahora”, porque Bruselas sigue tutelando la situación.
La directiva comunitaria del agua, aprobada en el 2000, ha sido invocada también por las entidades cívicas para exigir que los planes hidrológicos aprobados (del Tajo, Ebro...) se adecuaran al objetivo de lograr la recuperación ecológica de los ríos. Han pasado más de 18 años; el debate público español más sofisticado apenas supera la estéril y naif consigna “el agua es un bien escaso”. Sin embargo, un reciente informe de la Comisión Europea sacó los colores a una planificación que tiene aún tics en blanco y negro: falta de control de las extracción de agua (sobre todo en los regadíos), insuficiente valoración de la recuperación biológica en los ríos, alta contaminación, ausencia de caudales ecológicos o desprotección del delta del Ebro.
La credibilidad de las normativas europeas ha sido crucial para mejorar el medio ambiente en España. Las batallas contra los vertederos ilegales o contra las emisiones contaminantes de la industria, o la protección de espacios naturales y las especies tienen como mejores aliados a las normativas europeas. Muy pocas veces la legislación española ha ido por delante de las normas europea. La administración siempre va a remolque (algo muy evidente en políticas de prevención de residuos o eficiencia energética), como resultado a veces de la debilidad ante ciertos lobbies.
Pero la UE no es un paraíso. Existe una fuerte presión para debilitar las directivas ambientales y hay detectados fallos graves, como el descontrol sobre las sustancias químicas, entre otros.
Ahora, el principal marco de acción europeo gira en torno a la necesidad de cumplir el acuerdo de París (del que se derivarán los planes para descarbonizar la economía y lograr un balance de emisiones cero para el 2050). Esta será la base para fijar los nuevos modelos de transporte y de generación de energía. En este sentido, la comisión está tejiendo un abanico de normas que van a condicionar el futuro de los vehículos, a lo que ha contribuido el escándalo del dieselgate (el gran engaño de las emisiones de NOx). Diversos países planean situar el fin del coche de combustión interna en el horizonte del 2040, una aspiración que recoge también el proyecto de ley de Cambio Climático de España.
De la misma manera, el plan de Energía y Clima (consecuencia de las políticas climáticas europeas) intensificará el abandono de la energía fósil. El Gobierno socialista ha activado ese giro. Ha eliminado el impuesto al sol que gravaba la autoproducción solar, ha puesto las bases para cerrar las centrales térmicas de carbón (cuyas emisiones son las que tienen mayor efecto de calentamiento) y planea un relanzamiento de las energías renovables.
Lograr un green deal (gran proyecto de inversiones públicas) es ahora una de los más ambiciosas propuestas que están sobre la mesa en Bruselas. Se trata de crear una nueva economía para afrontar la crisis climática. Es una nueva ocasión que tiene España para demostrar que ha entendido que estar en Europa no es sólo pedir fondos, sino también proteger su capital natural (agua, suelos, aire) y sin la tutela de los guardianes verdes europeos.
La política climática europea está redefiniendo los modelos del coche del futuro, el transporte y la producción eléctrica