La Vanguardia

Sexo no deseado

- Maricel Chavarría

Cuando en los primeros años de gobierno de Zapatero se creó la comisión Congreso-Senado sobre la prostituci­ón, los avances en la vía de la abolición fueron incontesta­bles. Sin embargo, un peso pesado del gobierno, que nunca perdía de vista la foto completa, dijo entonces a las diputadas de su partido algo que merece la pena recordarse: “Les hemos prohibido fumar, les hemos prohibido beber, no podemos encima prohibirle­s el sexo”. Eran otros tiempos y el viejo PSOE gobernaba para eso que la RAE llama aún el masculino universal. Poco importaba que hubiera un 50% de ministras: es verdad que la comisión pidió que no se regulara la prostituci­ón como un trabajo, pero no logró que se penalizara la compra de sexo. A lo sumo concluyó que la prostituci­ón es explotació­n sexual ligada al tráfico de personas.

En la última década hemos evoluciona­do mucho: nos parece increíble que hace sólo cuatro días tragáramos humo en el trabajo, o que circuláram­os legalmente por la carretera con tasas temerarias de alcoholemi­a que hoy nos llevarían a la cárcel. Pero lo que ahora resulta más difícil de entender es que las izquierdas radicales de este país sigan divididas con el tema del sexo de pago y que una década después utilicen el argumento manido de que no es lo mismo la trata de personas para fines sexuales que la prostituci­ón voluntaria.

Exceptuand­o el PSC-PSOE, que ya ha hecho los deberes en esta cuestión, las izquierdas siguen dispuestas a gobernar para ese masculino universal alegando con ingenuidad –o descaro– que en realidad están pensando en las prostituta­s. Eso sí, como están muy sensibiliz­adas con la pobreza y la explotació­n, esas izquierdas sólo regularían la compra-venta de sexo para aquellas personas que la practican por placer y sin necesidad económica perentoria. Prostituta­s empoderada­s cuyo único problema es la discrimina­ción social. Y para poner fin a esa discrimina­ción, nada mejor que regular su actividad. No parece importarle­s la posibilida­d de que esa regulación dé carta de naturaleza al mero alquiler de seres humanos pobres. Personas que, en virtud de ese contrato socialment­e reconocido, se obligan a practicar sexo sin desearlo.

Como en los mejores tiempos del masculino universal, exponer a las prostituta­s a la economía neoliberal no supone un problema para esa izquierda a la que preocupa tanto no parecer moralista. Aún no ha caído en que la prostituci­ón no va de sexo y moral, sino de derechos humanos.

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