El plan de alojamientos turísticos resiste a la espera de una revisión
Antes del verano se podrían conocer las primeras sentencias judiciales sobre el Peuat
En el 2015, pocas semanas después de hacerse con la alcaldía, Ada Colau sorprendió con una controvertida decisión: decretó una moratoria para frenar la saturación de plazas hoteleras que experimentaban el Eixample y Ciutat Vella. Muchos establecimientos –pensiones, apartamentos, hoteles, residencias de estudiantes...– se quedaron por el camino, y se llegó a poner sobre la mesa la necesidad de imponer un decrecimiento hotelero. Los efectos nocivos del turismo, señalados inicialmente por comunes y cuperos, eran percibidos al poco por los barceloneses como uno de los principales problemas de la ciudad en uno de los primeros barómetros municipales del mandato de BComú. El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), un instrumento urbanístico que limita los alojamientos a las zonas de la periferia salió adelante con los votos de BComú, ERC, PSC y la CUP. Desde entonces, en Barcelona sólo se han tramitado las obras de 1.640 plazas turísticas repartidas en seis hoteles, dos albergues, una pensión y un aparthotel y están a la espera otras 607 más en la periferia.
La resistencia del Peuat después de dos años de su entrada en vigor podría verse alterada cuando, previsiblemente antes del verano, se conozcan las primeras sentencias judiciales sobre las denuncias interpuestas por los hoteleros afectados primero por la moratoria y luego por el Peuat. La batalla judicial con los operadores continúa en la Ciutat de la Justícia, pero entre los candidatos a la alcaldía de Barcelona no se discute la continuidad del Peuat, aunque sí en los términos actuales. Por eso, prometen una revisión de mayor o menor calado si llegan a la alcaldía. Tampoco se habla ya de decrecimiento de la planta hotelera y el único grupo que aún mantiene esta postura es la CUP, que aboga por reducir el número de turistas.
En el 2021 podría darse la primera revisión, según estipula el propio documento: “Cuando así lo aconseje la valoración de sus efectos en el plazo de cuatro años desde su entrada en vigor”. No obstante, visto lo que ha pasado con la ordenanza del civismo –por norma debe revisarse cada dos años y no ha sido objeto todavía de una reforma a pesar de que ya han pasado más de 13 desde su aprobación–, no es descartable que al final continúe inalterable en el próximo mandato. Así lo desea la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau, que tiene claro que hay que defenderlo. Considera que aún se están construyendo muchos hoteles, producto de la barra libre que, en su opinión, ofrecieron los gobiernos municipales anteriores.
Quien no se muestra tan entusiasta con la medida es la candidata de JxCat, Elsa Artadi, que insta a revisarlo y a tratar de manera individual cada proyecto hotelero. También Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi-Ciudadanos, apuesta por una modificación del plan. Para esta formación la revisión debe ser de gran envergadura para equilibrarlo con el objetivo de incrementar la vivienda habitual e introducir obligaciones urbanísticas a los nuevos titulares de actividades de alojamiento turístico.
En cambio, el alcaldable republicano Ernest Maragall se posiciona con los que creen que debe darse aún más recorrido al Peuat. Opina que su revisión no debería hacerse antes de que el Goven regule la actividad de las casas compartidas. Esta actividad está pendiente de una regulación desde ya hace algunos meses, ya que es un fenómeno que va a más, sobre todo desde que se cerró el grifo a la apertura de nuevos apartamentos turísticos.
Por su parte, los socialistas, liderados por Jaume Collboni, también están dispuestos a modificar algunos artículos del Peuat, aunque ven positiva la desconcentración de hoteles que propone el plan. De hecho, Collboni coincide con Artadi en posibilitar a los hoteleros realizar obras estructurales en sus establecimientos. Según el Peuat, si se realizan estas actuaciones hay que renunciar al 20% de las plazas. Esta cuestión generó debate, ya que tanto hoteleros, como el Gremi o los grupos de la oposición advirtieron de la posibilidad de condenar a la planta hotelera al envejecimiento. El popular Josep Bou, también critica el Peuat, pero destaca los buenos resultados en la lucha contra los pisos turísticos ilegales.
Dentro de dos años se verá si hay acuerdo dentro del futuro Ayuntamiento para revisar el plan. También se podrá determinar si se han agotado las plazas en las zonas en las que se permite crecer.
NO HABRÁ REDUCCIÓN
El decrecimiento de plazas hoteleras que se planteó en un inicio queda ya descartado
EN EL 2021
Las modificaciones pueden hacerse a los cuatro años de la entrada en vigor