Prevención del blanqueo de capitales, cooperación internacional y competitividad fiscal
La evolución del marco regulatorio y fiscal del Principado de Andorra en los últimos años ha comportado la implementación de los estándares internacionales en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la cooperación internacional y la fiscalidad. Esta evolución ha sido positivamente valorada por los organismos internacionales competentes, en el ámbito de rigurosas evaluaciones realizadas por sus cuerpos técnicos con la participación de expertos de sus estados miembros.
Así, el informe del comité de expertos en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Consejo de Europa (Moneyval), aprobado en diciembre 2018, confirma la positiva evolución del sistema andorrano, tanto desde la perspectiva de adecuación normativa a los estándares internacionales materializados en las Recomendaciones GAFI como desde la de la eficacia en la prevención y lucha contra estas conductas delictivas. La evaluación Moneyval, en la que participan organismos como el FMI y la Comisión Europea, ha analizado el régimen administrativo tutelado por la Unidad de Inteligencia Financiera Andorrana (UIFAND), la efectividad del procedimiento penal y, singularmente, el régimen de cooperación internacional.
En cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el Acuerdo Monetario de junio de 2011 con la UE, la legislación andorrana incorporó la 4.ª Directiva de prevención de blanqueo de capitales – (UE) 2015/849– en junio de 2017 y, más recientemente, en septiembre de 2018, se aprobó el Reglamento del registro de beneficiarios efectivos en términos equivalentes a algunos estados miembros de la UE. La actualización de los compromisos de regulación normativa que derivan del Acuerdo Monetario con la UE contempla la próxima transposición de la 5.ª Directiva de prevención del blanqueo –(UE) 2018/843– no más tarde del 31 de diciembre de 2020.
La adaptación al marco normativo UE por la legislación andorrana ha sido también valorada por la Comisión Europea en el marco del Comité Mixto Andorra-UE, que supervisa el cumplimiento de los derechos y obligaciones de ambas partes inspirado por el principio de igualdad de condiciones (level playing field) para el ejercicio de actividades financieras.
La homologación del sistema andorrano de prevención del blanqueo, junto con la adecuación de su regulación financiera a los estándares UE, ha permitido, además, el acceso de las entidades bancarias del Principado a SEPA (Single European Payment Area) en marzo de 2019 tras la positiva valoración del European Payments Council (EPC).
En el ámbito de la cooperación internacional en materia fiscal, Andorra ha implementado en su ordenamiento jurídico el denominado Common Reporting Standard de la OCDE, que constituye el estándar internacional de intercambio automático de información financiera relativa a residentes fiscales en otros estados. En aplicación de este marco, Andorra intercambió información de manera automática por primera vez en septiembre de 2018 con la totalidad de los estados miembros de la UE y otros estados firmantes del Convenio Multilateral OCDE de cooperación administrativa. Este marco se complementa con el intercambio de información previa solicitud con arreglo al modelo de convenio OCDE.
La adecuación del sistema andorrano a los estándares internacionales en materia de cooperación fiscal ha sido valorada positivamente por el Global Forum de la OCDE mediante el sistema de peer review, que analiza el cumplimiento de los estados mediante un riguroso procedimiento de evaluación.
Finalmente, también el marco legislativo del Impuesto sobre Sociedades en Andorra ha sido valorado positivamente en el ámbito de la competencia fiscal por parte de la UE. El impuesto que grava las rentas de las personas jurídicas en Andorra fue implementado en 2010 con un tipo impositivo nominal del 10%, equivalente en su momento al más reducido del ámbito UE; la configuración y sistemática del impuesto, claramente inspirado en el Impuesto sobre Sociedades español, pivota sobre el resultado contable de las entidades y contemplaba en origen varios regímenes especiales inspirados a su vez en determinados regímenes de estados miembros de la UE, con la voluntad declarada de crear un marco fiscal homologable y competitivo para la realización de actividades económicas en Andorra.
Sin embargo, la reacción internacional en los últimos años contra la competencia fiscal ha comportado que países con regímenes fiscales especiales que pudieran favorecer la erosión de bases imponibles en otros estados se hayan visto cuestionados. Andorra se adhirió en octubre de 2016 a la iniciativa OCDE conocida como Inclusive Framework on BEPS, pero la existencia de los regímenes especiales en el Impuesto sobre Sociedades supuso su inclusión en la lista de países no cooperadores fiscalmente de la UE, divulgada en diciembre de 2017.
La modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en mayo de 2018 mediante la eliminación de los regímenes especiales para las actividades de comercio internacional (trading) y la gestión e inversión financiera intragrupo (cash pooling) que permitían una tributación del 2% de las rentas obtenidas mediante una reducción del 80% en la base imponible del impuesto, ha comportado que, finalmente, el Consejo ECOFIN excluyera a Andorra de la lista de países no cooperadores fiscalmente en diciembre de 2018. Pese a la eliminación de estos regímenes especiales –con régimen transitorio–, el tipo impositivo del 10% y una red de convenios para evitar la doble imposición en crecimiento constante mantienen un marco fiscal competitivo para la realización de actividades económicas.
Los datos confirman una valoración positiva del trabajo realizado por Andorra para reforzar su presencia en el ámbito internacional. La evolución continua y la capacidad de adaptación al mundo que viene seguirá siendo clave para la competitividad.
Andorra ha implementado en su ordenamiento jurídico el estándar internacional de intercambio automático de
información financiera relativa a residentes fiscales
en otros estados