El Congreso debate sobre la suspensión de los presos en vísperas del 26-M
La Mesa estudia hoy el informe de los letrados tras rechazar el TS una aclaración
La suspensión de los diputados presos marcará el final de la campaña electoral del 26-M. La decisión tendrá costes políticos y jurídicos que nadie quiere pagar o si hay que pagarlos que sean los mínimos. Esto es lo único en lo que la Mesa del Congreso –desde ahora bajo control de la mayoría de izquierda– y el Tribunal Supremo están de acuerdo.
La Mesa del Congreso no adoptó ayer una decisión, tras cuatro horas de intensa reunión, pero tampoco pospuso el asunto de la suspensión solicitada por el Supremo hasta la semana que viene, como quería Unidas Podemos, ante la presión de los grupos de PP y Ciudadanos.
La presidenta, Meritxell Batet, pidió amparo jurídico a la secretaría general de la Cámara, un informe que arroje luz sobre una cuestión que pone en rumbo de colisión la soberanía del legislativo con la potestad judicial del Supremo.
Hoy mismo la Mesa se volverá a reunir para tomar una decisión, después de que ayer el Tribunal Supremo respondiera con cajas destempladas a la petición de mayores
SOLUCIÓN TÉCNICA
Batet asegura que será una decisión jurídica, “ni política, ni discrecional”
SIN UNANIMIDAD
Si la Mesa decide hoy la suspensión, lo hará contra el criterio de Unidas Podemos
aclaraciones de Batet, para un asunto –suspender a los diputados reos del procés– que concierne a la ley de Enjuiciamiento Criminal, por una parte, y al reglamento del Congreso, por otra. Y no se pronuncian de forma coincidente.
Batet insistía ayer en que la petición del informe persigue que la decisión que se adopte sea puramente jurídica, “ni política ni discrecional”, para lo cual los letrados del Congreso deberían presentar un pronunciamiento inequívoco. Batet habría deseado disponer de una orden directa del Supremo que anulara el tenor político de la medida. Pero el Supremo se ha quitado de en medio, de ahí la petición del informe. Porque sí hay distintas posiciones políticas (y jurídicas) sobre ello, de ahí que esta suspensión se haya convertido en un conflicto de alto voltaje en este final de campaña. Ni siquiera los intereses de PSOE y PSC son coincidentes. Mientras que para los barones socialistas la suspensión de los diputados independentistas procesados puede ser un impulso a su centralidad –por ejemplo, en Madrid, donde el resultado es incierto para el socialista Ángel Gabilondo–, al PSC no le conviene tanto el furor punitivo con los independentistas, elegidos por los votantes a sabiendas de los delitos que les imputan y de las consecuencias del proceso judicial.
Más comprometida es la posición del grupo confederal de Unidas Podemos, políticamente contrario a la suspensión de los diputados. En la Mesa del Congreso se sienta el ex teniente de alcalde barcelonés Gerardo Pisarello, hasta hace dos meses número dos de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, manifiestamente contrario a suspender a los presos. Los dos miembros de la confederación morada, Pisarello y Gloria Elizo, que propusieron posponer el asunto para después de la campaña, no apoyarán hoy la suspensión de darse una votación. Y si esta no se produce –es potestad de Batet convocarla– manifestarán su oposición. Será la primera colisión política entre quienes están llamados a gobernar juntos.
El Supremo, a su vez, considera que las cosas están muy claras, en el sentido de que los presos electos deberían quedar suspendidos una vez
adquirida su plena condición de diputados. En este sentido respondió ayer a la presidenta del Congreso, aunque de nuevo evitó que su pronunciamiento tuviera el carácter de una orden. La respuesta llegó de la mano del presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, que dirige el juicio contra los procesados por el delito de rebelión del caso 1-O.
Marchena le dice en su misiva a Batet, en nombre de todos los miembros del tribunal del juicio, que “nos remitimos” al contenido del auto dictado la semana pasada, según el cual a los ahora ya diputados electos les sería de aplicación el artículo 21.2 del reglamento del Congreso, que dispone que los parlamentarios procesados y en situación de prisión quedarán suspendidos. Dicho precepto añade a estos dos requisitos que se haya pedido y concedido el suplicatorio, pero en este caso el Alto Tribunal consideró que no procedía solicitarlo, dado que el juicio del caso 1-O está ya muy avanzado.
La presidenta del Congreso le había solicitado a su vez al Supremo que le informase sobre el alcance del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal y su eventual aplicación a este asunto. Este precepto prevé que los acusados de rebelión y en prisión cesen en cualquier cargo público que estén desempeñando.
Pero Marchena le contesta en su carta que “la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido”. Y añade que “de ahí la necesidad de limitarnos a reiterar lo que ya fue razonado en nuestro auto del 14 de mayo del 2019, debidamente comunicado a esa Presidencia”. En el oficio de comunicación se explicaba que el propio reglamento del Congreso permite la suspensión de los diputados y se comunicaba la denegación de libertad de los procesados para que la Cámara tomara la decisión que “procede”. Con esta forma verbal quiso evitar el subjuntivo de que “proceda”, precisamente para que no hubiera dudas de que la posición del Supremo es favorable a la suspensión de los diputados.
En todo caso, no se llegó a exponer de forma más explícita para evitar que quedara instalada la idea de que el Supremo había dado una orden que implicaba incidir en la composición del Congreso y variarla, al provocar la suspensión de cuatro parlamentarios. El Supremo quiso, en suma, que fuera la Cámara la que actuase en consecuencia. El Alto Tribunal también buscó que la vista pudiera terminar, y así se expone en la carta, en la que se afirma que “la causa penal va a seguir su curso y es misión de esta sala salvaguardar los fines del proceso”.
RESPUESTA DESABRIDA Marchena rechaza elaborar el informe que pidió Batet y se remite a su anterior escrito
ORDEN TÁCITA El oficio del Supremo evita ordenar al Congreso la suspensión, pero la da por supuesta