Es la política
Cuando la Generalitat emprendió el camino de la desobediencia –reconocida por sus protagonistas– para avanzar en el proceso independentista, la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy fue reenviar la carpeta catalana a los tribunales. De esta forma, se ahorraba afrontar una aproximación política que él consideraba inviable. El juicio que tiene lugar en el Tribunal Supremo es la consecuencia de aquella decisión. Pero quienes se sientan en el banquillo procuran recordar siempre que pueden que la suya no es una causa que se deba dirimir ante un tribunal.
Por ello, los procesados se presentan a las elecciones, lo que acaba tensando las costuras del sistema y colocando a los poderes judicial y legislativo en situaciones comprometidas. Estos días vemos el enésimo episodio de esa situación, en el que parece que la Mesa del Congreso y el Tribunal Supremo se están pasando uno a otro la patata caliente.
Para el Tribunal Supremo está claro que los diputados que se sientan en el banquillo y que acaban de tomar posesión de sus escaños deben ser suspendidos de sus funciones. A los afectados se les puede aplicar la ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suspensión de los cargos públicos procesados por rebelión que estén en prisión preventiva (como ocurrió en el Parlament de Catalunya), o bien el reglamento del Congreso, que suspende a los diputados que, concedido el suplicatorio y firme el procesamiento, estén en prisión preventiva. El Supremo ya ha indicado al Congreso que cabe aplicar este último supuesto y que no hace falta suplicatorio porque los procesados se hallan en la fase final del juicio.
La literalidad de las normas es asideros cuando se busca cómo sortear una situación delicada. Para bien y para mal. Lo cierto es que al PSOE le ha caído encima esta decisión en el peor momento, en vísperas de unas elecciones. Los socialistas no están en contra de la suspensión, pero preferirían que se lo ordenara el tribunal o, al menos, tomar la decisión pasadas las elecciones del domingo.
Para el PSOE, suspender a los diputados en este momento es situarse junto a la derecha y, sobre todo, insuflar oxígeno a los independentistas en plena recta final de la campaña. La semana se ha saldado con imágenes icónicas para ERC y JxCat, que han protagonizado la constitución de las Cortes. Una suspensión apoyada por el PSOE permite al independentismo argumentar que el diálogo que pregona Pedro Sánchez es una farsa. Y podría provocar los primeros roces entre los socialistas y sus socios de Unidas Podemos. Una orden inequívoca del Supremo de suspenderlos ahorraría problemas con los de Pablo Iglesias. En Catalunya, los comunes votaron en contra de la resolución del instructor Pablo Llarena a modo de declaración política, aunque luego apoyaron en la práctica la sustitución de los diputados presos como se pedía en la orden judicial.
Desde el punto de vista del PSOE, lo ideal sería que el Supremo hiciera como el juez Llarena, o sea, que diera una instrucción explícita. Pero el Supremo estima que no estamos en el mismo supuesto: para empezar, en el Parlament no había suplicatorio que pedir porque sus diputados no cuentan con esa protección y, sobre todo, se estaba en plena instrucción, no al final del juicio.
Para el Supremo, es importante que los diputados sean suspendidos, ya que esa decisión es coherente con la que tomó Llarena, pero si hay algo que preocupa a la sala que está juzgando a los líderes del procés es que se le atribuya haber perturbado el ejercicio del la actividad parlamentaria cuando este caso llegue a instancias judiciales
El PSOE no quiere suspender a los presos antes de las elecciones para no dar alas al independentismo
europeas. Una intervención que pueda considerarse invasiva de las competencias de las Cortes y que, para colmo, puede alterar las mayorías, ya que la absoluta quedaría en 174 escaños en lugar de 176, es un riesgo que el magistrado Manuel Marchena y los otros miembros del tribunal tienen claro que no se van a permitir. Así que tendrá que decidir la Mesa del Congreso, antes o después del 26-M. El conflicto se obstina en regresar una y otra vez a su ámbito original: la política.
Para el TS es clave que no se le atribuya haber perturbado la acción parlamentaria cuando el caso llegue a Europa