PP y Cs, insatisfechos, reprochan a Batet la demora del acuerdo
La presidenta del Congreso califica de “garantista” la decisión de la Cámara
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, logró ayer de los letrados de la Cámara lo que anteayer le negó el Tribunal Supremo: que la decisión de suspender a los diputados independentistas esté impregnada de carácter jurídico. Y no político. Al menos, en teoría. Porque el dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara endosa la decisión al Supremo, en aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal –artículo 384 bis, relativo a “individuos terroristas o rebeldes” procesados–, y considera inaplicable el reglamento parlamentario, pues no concurren los tres requisitos que establece el artículo 21.1: no ha sido solicitado suplicatorio. Es decir, es el poder judicial y no el legislativo el que los suspende, dice el informe, y la Cámara se limita a dar curso a la decisión del juez Manuel Marchena.
Y a eso se acogió Batet. Los letrados señalan que, aunque el Supremo, en su ambiguo auto de 14 de mayo, evita ordenar expresamente la suspensión y conmina al Congreso a hacerlo –precaviéndose de los recursos posteriores ante Estrasburgo–, “dicha comunicación puede entenderse implícita” en el auto, dado que concurren idénticos elementos que en la ordenada por el instructor Pablo Llarena el 9 de julio del 2018, que suspendió a los miembros del Parlament. De ahí que Batet hablase de una decisión jurídica, no discrecional ni política, y por tanto “garantista”, tanto con los derechos de los procesados como con la soberanía de las Cortes. Una suspensión que alcanza, dijo, “a todos sus derechos y deberes”.
Esa supuesta despolitización chocó, sin embargo, con la imperturbabilidad de la política: la discrepancia de Podemos y la evidencia de que PP y Ciudadanos le han puesto la proa a Batet. Tanto Ana Pastor (PP) como José Manuel Villegas (Ciudadanos) apoyaron la suspensión automática –con efectos de 21 de mayo, es decir, de la sesión constitutiva–, pero acusaron a Batet de dilatar el proceso solicitando informes, al Supremo y a los letrados del Congreso, que no eran perentorios.
Pastor, expresidenta de la cámara, indicó que la suspensión pudo haberse realizado inmediatamente después de la sesión del martes, pero se mostró satisfecha por el hecho de que la petición de informes de Batet confirmase la posición que había defendido el PP. En todo caso, fue mesurada en el tono con su sucesora.
En cambio, Villegas salió en tromba, no dejó pasar el hecho de que la presidenta hubiera retrasado el proceso de suspensión de los diputados independentistas –a los que, como es habitual en la formación naranja, se refirió como “golpistas”–, y también lamentó que esa suspensión se haya fechado en el pasado 21 de mayo, y no en el mismo 28 de abril, día en que resultaron elegidos. Y en los breves minutos de su comparecencia repitió hasta media docena de veces que, con este retraso, Batet “ha humillado a los españoles para contentar a los separatistas”. La pugna por el liderazgo moral de la oposición está llenando de mayúsculas la acción política de Ciudadanos.
Unidas Podemos se despegó del PSOE, con el que pretende gobernar, aunque tanto su portavoz, Irene Montero, como Batet se esforzaron por quitar hierro a los rasponazos de este disenso: ninguna consecuencia en la voluntad de llegar a un pacto de gobierno. Mercromina y a otra cosa. Gloria Elizo, vicepresidenta primera de la Mesa, y el ex teniente de alcalde barcelonés Gerardo Pisarello, secretario primero, expresaron durante la reunión su desacuerdo con la decisión y con la premura. De hecho, pidieron a la presidenta que se pospusiera, en tanto estudiaban el dictamen jurídico, que fue entregado a los grupos apenas una hora antes de la reunión. “Acatamos la decisión”, dijo Montero, pero no están de acuerdo con ella en tanto afecta no sólo a los derechos de los electos sino los de sus votantes. Y lesiona, añadió Pisarello después, la división de poderes y la autonomía del legislativo.
Los letrados harán otro informe sobre cómo afecta esta suspensión al quórum, si baja o no a 174 diputados la mayoría absoluta. “Correspondería a la Mesa (...) la determinación del número de miembros de derecho de la Cámara (...) a los efectos del cómputo de la mayoría absoluta”, dice el dictamen entregado ayer. El PP ha pedido de inmediato otro más exhaustivo. Porque este lo que dice, en plata, es que si PSOE y Podemos quieren, la mayoría absoluta queda en 174 diputados.
Podemos se opone a una medida que cree que menoscaba la independencia del poder legislativo