Después del veto
Tras el veto de Esquerra Republicana de Catalunya –el partido independentista supuestamente moderado– a Miquel Iceta, parece prudente llegar a la conclusión de que la mayoría de los independentistas catalanes no quiere dialogar, si se da a la palabra dialogar el sentido de intercambio de argumentos para llegar a una transacción y formalizar un pacto; para ellos dialogar –insisten constantemente en esta palabra– es tan sólo la reafirmación de su ideal como innegociable, a la espera de que la otra parte –España, “la morta”– asuma en todo sus razones y se avenga a la aceptación pacífica de la independencia de Catalunya. Estos independentistas parecen no querer negociar, no querer transigir, no querer pactar. Resulta intrascendente, a efectos prácticos, precisar las causas de su postura, discutir los presupuestos sentimentales sobre los que se fundan, y ponderar las más que seguras consecuencias negativas de su espejismo. Los independentistas radicales son inmunes a estas minucias. Son inasequibles al desaliento. Ellos están para lo que están, y todo lo demás son zarandajas.
Ante este fenómeno de inmutable pertinacia, próximo a la cristalización mineral, ¿qué hacer?, ¿qué deben hacer los españoles, incluidos los catalanes que se sienten españoles? Sólo hay una respuesta: clavar los pies en la arena y aguantar a la espera de que escampe,
o mejor dicho, confiando en que termine la etapa de expiación que inevitablemente se va a iniciar, porque no hay nada en esta vida que resulte gratis, y los excesos siempre se pagan. Ahora bien, para aguantar con plenitud de sentido es preciso tener bien definidas las pautas que seguir en el futuro, y, para España, estas pautas tendrían que venir determinadas por dos notas: primera, todos los partidos constitucionalistas españoles de derecha y de izquierda deberían evitar, con su abstención e incluso con su voto, que aquellos partidos independentistas radicales –que tienen por último objetivo el enfrentamiento con el Estado para su destrucción– condicionen y determinen las cuestiones de Estado. Y segunda, por lo que hace al contencioso catalán (que es un aspecto del problema estructural español del reparto del poder), estas mismas fuerzas políticas constitucionalistas deberían tener consensuado un marco claro de negociación con los independentistas. En conclusión, la respuesta al desafío independentista habría de ser reiterar una vez más el reconocimiento de la existencia de un problema político, que sólo puede resolverse mediante un diálogo transaccional abocado a un pacto; ahora bien, para que este diálogo fuese posible y fructífero sería imprescindible que la posición de partida del Gobierno del Estado fuese firme, y esta firmeza sólo será posible si se cumplen dos requisitos: 1) No depender en el Parlamento de los votos independentistas radicales para decidir sobre los temas de Estado. 2) Haber consensuado previamente con todas las fuerzas políticas constitucionalistas –de derecha y de izquierda– las líneas rojas que no pueden sobrepasarse en toda negociación con los independentistas, es decir, los límites y el alcance de la propia negociación. Todo lo que no sea esto conducirá inexorablemente al fracaso. Dicho con otras palabras,
Hay que abandonar el espejismo de que ERC tiene una práctica más realista que los radicales de Puigdemont
todas las fuerzas políticas constitucionalistas están obligadas a impedir –para garantizar la subsistencia del Estado– que los independentistas radicales condicionen con su voto la política española por una razón tan brutal como clara: los radicales (que no son, por supuesto, todos los independentistas) sólo buscan el descrédito de España como nación, la destrucción del Estado que la articula jurídicamente y la devaluación de todo lo hispánico, por considerar que sólo así lograrán el amparo internacional a su proyecto de independencia.
Por esta razón hay que abandonar el espejismo de que Esquerra tiene un discurso y una práctica más realista que los radicales de Puigdemont, pues, en los momentos decisivos, adopta siempre una posición igual de extrema. Así, el 27-O del 2017, cuando parecía que Puigdemont convocaría elecciones, fue Esquerra quien lo impidió; también fue Esquerra la primera en decir que no votaría los presupuestos presentados por el presidente Sánchez, si antes no había cambios en la calificación de rebeldía de la Fiscalía; y Esquerra ha sido también la primera en vetar a Iceta. Por sus obras los conoceréis, dice la Biblia.
Muchos lectores tildarán mi posición de extremista, y otros la calificarán de ilusa. A los primeros les respondo que sólo defiendo la claridad y la firmeza como presupuestos del diálogo y de la transacción. Y a los segundos les preciso que, ante una situación excepcional como la que estamos, sólo cabe una respuesta también excepcional. Ahora bien, ¿serán capaces nuestros líderes políticos de articular esta respuesta clara y firme, que posibilite un auténtico diálogo político y alumbre una transacción? Hay que esperar que sí. Los momentos críticos –y el presente lo es para España– alumbran a veces en las personas capacidades y valores hasta entonces ocultos e ignorados.