Manuel Fernández
Una oenegé alemana logra, después de más de tres años, abrir el registro de sustancias de la agencia europea ECHA
BUND (AMIGOS DE LA TIERRA)
Esta oenegé alemana ha conseguido después de más de tres años acceder al contenido del registro de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, de la Comisión Europea, cuya transparencia ha sido puesta en tela de juicio.
Esta es una nueva historia de David contra Goliat: la de una oenegé alemana, Bund (Amigos de la Tierra), que batalla desde hace años contra el secretismo de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA, en las siglas en inglés), entidad de la UE encargada de velar por el cumplimiento del reglamento sobre estas sustancias (Reach). La oenegé Bund ha necesitado más de tres años para demostrar que al menos 41 sustancias químicas comercializadas por 654 compañías europeas están hoy en el mercado sin las suficientes garantías de seguridad para la salud y el medio ambiente.
Las principales empresas europeas productoras de cosméticos, alimentos, medicamentos y plásticos utilizan millones de toneladas de productos químicos sin completar importantes pruebas de seguridad. La investigación señala a algunas de las principales empresas químicas, e interpela a BASF, Dow Chemical, ExxonMobil así como a Henkel, Solvay, L’Oréal o Merck, entre muchas otras.
Pero no ha sido fácil para Bund obtener la información. Desentrañar y hacer transparente el registro de substancias químicas europeo (ECHA) ha sido una odisea. Y eso que éste es el principal instrumento para evaluar los riesgos que comportan la producción y uso de las sustancias químicas.
“Existían numerosas sospechas de que este registro no funcionaba bien y ahora lo hemos corroborado”, nos dice desde Dresde y en perfecto castellano Manuel Fernández, responsable de sustancias químicas de Bund, cuyos padres son originarios de Asturias. El buen funcionamiento del registro ECHA (con sede en Helsinki) es clave para proteger la salud y el medio ambiente, pues en él se debe incorporar los estudios que evalúan los riesgos de estas sustancias (su potencial cancerígeno, la incidencia sobre el sistema hormonal, si dañan al sistema de reproducción, o si es persistente en la naturaleza o bioacumulativo). “La primera carencia es que
la ECHA sólo revisa un 5% de los registros. Teníamos un información mínima sobre si los datos que ofrecen las compañías al registro son completos y correctos”, expone.
La oportunidad de Bund llegó tras conocer un estudio del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos, que en el 2015 chequeó 1.814 registros de la ECHA, para comprobar si los datos de las empresas eran correctos y completos. El estudio señaló que en un alto porcentaje de casos faltaban pruebas obligatorias recogidas en la normativa.
La oenegé Bund invocó entonces el derecho a la información y reclamó a la Agencia de Medio Ambiente alemana que “dijera cuáles eran las sustancias cuyo registro no estaba conforme a la ley, y qué empresas las utilizaban”. Tras un año y medio, en marzo del 2018, el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) dio a conocer que 940 sustancias químicas habían sido evaluadas como “no conformes” con el redo glamento europeo. Pero le proporcionaron una información indirecta. En realidad, sólo les facilitaron cinco páginas con códigos, a partir de los cuales reconstruyeron los nombres de las substancias que se estaban comercializando sin garantías.
Además, debió indagar en el registro de solicitantes principales para conocer el nombre de las empresas principales solicitantes. En gran parte esa información estaba bloqueada por la confidencialidad. Pero finalmente, pudieron concluir que 41 sustancias no habían sido actualizadas desde abril del 2014, la prueba de que seguían siendo utilizadas.
“Hemos obtenido 41 sustancias en las que estamos seguro que el registro de la ECHA no está actualizay, por lo tanto, están incumpliendo la ley; pero eso no significa que las que hayan actualizado su registro estén cumpliendo con ley”, dice Fernández. “Debemos asumir que una gran mayoría de registros que no hemos podido aclarar no están conformes con la ley”, añade Fernández, crítico ante el hecho de que los múltiples obstáculos a la transparencia hacen que sea “imposible saber si los registros de sustancias químicas están conformes a la ley”.
Los grupos conservacionistas y europarlamentarios llevan años pidiendo a la Comisión Europa más transparencia. “Se ha sido muy tolerante con las industrias químicas para que pudieran adaptarse al nuevo reglamento Reach, vigente desde el 2017. Pero creemos que el margen de tolerancia ya ha acabado”, sentencia este alemán de origen asturiano.
La Asociación de la Industria Química Alemana está molesta por la difusión de estos datos. Afirma que revelar nombres de empresas no ayuda a nadie, que las empresas están colaborando con el registro y que entregar toda la información es complejo. “No hay excusas. La información exigida a la industria química debería estar disponible desde hace años. Son millones de toneladas de sustancias que emplea la industria química, cosmética, de alimentación, repartidas en todo tipo de productos de consumo y para las que no se ha hecho una evaluación de riesgo correcta”, replica el dirigente conservacionista.
Fernández dice que, pese a todo, el reglamento europeo encargado del control de las sustancias químicas (Reach) es un gran avance. Durante 40 años, estos productos (plaguicidas, DDT, amianto...) sólo eran retirados del mercado cuando se demostraba a posteriori su peligrosidad. Con Reach, se invierte la carga de la prueba, y en teoría se aplica el principio de precaución, de manera que, antes de que estas sustancias se comercialicen, deben evaluarse todos sus riesgos. “Pero además de reforma la ley, como se hizo, necesitamos un cambio de mentalidad. Pero ese cambio de actitud no ha llegado. Se sigue pensando en el beneficio a corto plazo”.