La legislatura empieza mañana
La legislatura española empieza mañana, pasadas las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Sea como sea, seguirá marcada por la judicialización del conflicto catalán, como se ha visto con la Mesa del Congreso.
Oriol Junqueras sonriente junto a su escaño del Congreso. Es la imagen de la página de publicidad insertada por ERC en algunos diarios esta semana. Los republicanos han rentabilizado al máximo la jornada de constitución de las Cortes. Su líder apareció en todas las portadas tendiendo la mano a Pedro
Sánchez, una foto acompañada de la frase “tenemos que hablar”. El arranque de la legislatura en el Congreso se presta a la representación y al simbolismo como ninguna otra sesión. No son necesarios la oratoria ni los argumentos para llamar la atención. La presencia de diputados en prisión preventiva es una anomalía que fuerza todas las costuras y atrae sin duda todos los focos. Junqueras supo aprovecharlo, más que sus compañeros de Junts per Catalunya, con un saludo y tres palabras que pueden querer decir mucho o nada. El gesto, buscado, pretende trasladar el mensaje de que él es el interlocutor, el político clave para hallar una solución al conflicto catalán. Todo un cartel de campaña en su particular duelo con Carles Puigdemont por ganar las elecciones europeas en Catalunya.
Después de la gesticulación llegaron los hechos. El tira y afloja entre la Mesa del Congreso y el Tribunal Supremo sobre la suspensión de los diputados presos ha acabado por impulsar la campaña de ERC y JxCat. Los socialistas recelaban de tomar la decisión antes de las elecciones de hoy, ya que suponía alinearse con el PP y Ciudadanos, además de alejarle de sus socios de Unidas Podemos. Para los comunes resultaba un escollo en la reñidísima campaña de Ada Colau con Ernest
Maragall por Barcelona. Si hay dos partidos que se la juegan en Catalunya en este 26 de mayo son ERC y Catalunya En Comú.
Si Colau pierde la alcaldía de Barcelona, el espacio de los comunes, que en el 2015 ganó las generales con Xavier Domènech como candidato, sufriría una debacle decisiva para el proyecto político que comparte con Podemos. Para ERC, Barcelona no sólo es un bastión de poder, sino que permite a Junqueras hacerse con un potente altavoz internacional.
El escenario que surja hoy de las urnas condicionará las próximas elecciones catalanas, que se avistan en el plazo máximo de un año. Si no fuera por esa cita, podría decirse que la legislatura española empieza mañana, con cuatro años por delante para el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero la correlación de fuerzas en Catalunya es esencial para la estabilidad de la política española. Ya se ha podido comprobar nada más constituirse la Mesa del Congreso. La posible alteración de la mayoría absoluta (de 176 a 174 escaños) a causa de la suspensión de los diputados procesados es un acontecimiento de gran trascendencia política. Aunque es cierto que, en la práctica, a los independentistas les resulta más fácil que Sánchez logre la investidura sin tener que votarlo, igual que al líder socialista tampoco le interesa llegar a la Moncloa de la mano de ERC, estamos ante una perturbación del resultado electoral si los diputados suspendidos no renuncian al escaño.
Vendrán muchas más ocasiones en las que la judicialización del conflicto catalán interferirá en el normal desarrollo de la política. Puigdemont y Junqueras tratarán de ocupar su escaño en el Parlamento Europeo, y volverán a tensarse las relaciones entre el poder legislativo y el judicial con relación a si pueden recoger o no el acta, acudir a la sesión constitutiva de la Eurocámara y si son o no suspendidos de sus funciones. Y esta vez, bajo la lupa de las instituciones europeas, con el consiguiente riesgo de desautorización política de las decisiones que se tomen en Madrid.
En unas semanas se pondrá sobre la mesa la reclamación a la Sala Penal del Supremo para que deje en libertad a los procesados desde que finalice el juicio, el 12 de junio, hasta que se dicte sentencia, después del verano. El presidente del Parlament, Roger
Torrent, ya ha empezado a moverse para intentar que la sociedad civil catalana, desde entidades sociales hasta patronales y sindicatos, suscriba una declaración en ese sentido lo más transversal posible, que supere los límites del independentismo.
La sociedad catalana seguirá movilizada en torno al proceso judicial contra los líderes procesados y eso tiene su reflejo en la política española. Sin duda, la legislatura que en la práctica empieza mañana va a ir de cómo se gestiona la sentencia. Las elecciones de hoy también reparten el apoyo de que gozará cada partido para afrontarlo.