El Supremo, una vez suspendidos los presos, avalará la posición de la Mesa
La Sala quiere alinearse con el legislativo ante el posible recurso en Estrasburgo
En el pulso que han mantenido el Tribunal Supremo (TS) y la Mesa del Congreso sobre la suspensión de los diputados del caso 1-O está a punto de producirse un giro espectacular. El Alto Tribunal va a dar pleno respaldo a la decisión adoptada por el órgano de gobierno de la Cámara con el fin de suspender a dichos parlamentarios y a la fórmula empleada para hacerlo.
Dicho respaldo habría de tener el efecto de pinchar el globo de las presuntas tensiones entre ambas instituciones, al tiempo que permitiría que dos órganos clave del Estado –el Supremo y el Congreso– cierren simbólicamente filas ante los previsibles recursos de los diputados suspendidos. Estas impugnaciones no se harán esperar, y llegarán primero al Tribunal Constitucional (TC) e inmediatamente después al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
La ocasión propicia para que el Supremo exprese su pleno apoyo a la Mesa se presentará con ocasión de la respuesta al escrito del pasado miércoles en el que la Fiscalía interesaba que el Alto Tribunal comunicara al Congreso que debía “proceder a la aplicación inmediata del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal a los efectos de la suspensión” de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, que el día anterior habían adquirido la plena condición de diputados. Idéntica petición se hacía con respecto a Raül Romeva y la Mesa del Senado.
El Supremo respondió a esta iniciativa de la Fiscalía poniendo en práctica las técnicas del juego de contención y congelando el balón. Es decir, que de momento no contestó. Esperó a ver qué hacían en la otra mitad del campo. Y de allí le llegó un pase al hueco, consistente en un escrito de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con el fin de que el Alto Tribunal le dijera cómo debía actuar para resolver el problema. En el Supremo se impuso entonces el criterio de que sólo cabía abogar por el respeto a las reglas del juego, y no se quiso hacer nada que sonase a amañar el partido.
En atenta carta a Batet, el Supremo se limitó, por tanto, a remitirse a su reciente auto en el que denegaba la libertad de los presos electos y estimaba improcedente la petición del suplicatorio. En ese auto, el Supremo subrayaba que los diputados presos fueron procesados mucho antes de presentarse a las elecciones.Y se remarcaba ese concepto, el de procesados, dando por supuesto que la Cámara sabe que el delito por el que lo fueron es el de rebelión, sujeto por tanto a las previsiones de artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que en tal situación –y habiendo sido acordada la prisión provisional– prevé el cese en cualquier cargo público que el imputado desempeñe.
De ahí que el TS diera por hecho que el Congreso constataría la necesidad de aplicar dicho 384 bis y que, sin dar lugar a interpretaciones, entendería suspendidos automáticamente a los diputados por mandato de la ley, ex lege. Por eso mismo, en la carta a Batet, el Supremo decía quedar a la espera de la decisión “que procede”, y no “que proceda”, fórmula esta que fue evitada. Luego vino el informe de los letrados de la Cámara y la decisión de la Mesa de entender que, en efecto, los diputados están suspendidos por dicho 384 bis. Y ante la identidad de conclusiones, el TS se dispone a contestar a la Fiscalía que deje de preocuparse por la suspensión de los presos, porque es un asunto que está resuelto, y bien resuelto.
La causa sobre la suspensión acabará en el Tribunal Europeo antes que la sentencia del juicio del 1-O