Cuando la ley se adecuará a la realidad
Se acerca el final del juicio: el momento en que los magistrados dejarán de ver y oír para ponerse a debatir y a escribir
El derecho siempre es más lento que los fenómenos sociales. El Código Penal es un libro escrito en letra impresa mientras que la sociedad sobre la que rige se transforma a una velocidad endiablada. Debido a esta disparidad se hacen traslaciones de las normas a la realidad temporal, lo que se plasma en las sentencias, en la jurisprudencia de los tribunales, cuya máxima expresión en España es el Tribunal Supremo.
Pensemos en que los jueces han dictado fallos novedosos (otros también muy polémicos) en materias como las agresiones sexuales, las drogas o la corrupción. Es decir, que hay ocasiones en que primero se produce la interpretación legal de los hechos, que luego es trasladada a una reforma de las leyes.
Ocurrirá en la sentencia del procés. El mismo episodio que se juzga y las declaraciones de testigos y peritos obligarán al tribunal a definir nociones. Volvamos a otro tipo de ejemplos. ¿El concepto de violación es el mismo hoy que en 1980? ¿Cómo tolera la sociedad determinados fenómenos? ¿Tiene la misma capacidad de soportar la violencia? ¿Es sólo física o basta la coacción? Hoy los medios se ocupan de una pelea en el Raval, hace treinta años no hubiera sido ni un breve. Los tiempos han cambiado más rápido que la ley. Por eso las sentencias adaptan las normas a la realidad.
La complejidad social provoca estudios que distinguen matices que antes no veía nadie. John Paul Lederach y Jesús Castañar son sociólogos y fueron citados como peritos de la defensa para disertar sobre pacifismo, no violencia o desobediencia civil aplicados a lo que pasó en Catalunya en septiembre y octubre del 2017. Ambos siguen las teorías sobre la materia del estadounidense Gene Sharp, cuya principal obra sobre el tema abarca tres volúmenes. En su opinión, lo del 20 de septiembre ante Economia fue protesta y persuasión, pero a partir de entonces se evolucionó del pacifismo a la no violencia y a la desobediencia civil hasta el 1-O. Así, en las votaciones se vieron varias de las cosas categorizadas por Sharp, como sentadas o muros humanos. Si hubo violencia hacia la policía, fue por falta de disciplina en el grupo o por el propio ímpetu de los agentes. Pero reconocieron dos características: los protagonistas de la desobediencia civil aceptan las consecuencias penales de sus actos, y el hecho que el Govern convocara el referéndum dio más fuerza a la gente para oponerse a la Policía. Definiciones casi filosóficas para un problema penal. Sobre lo que pasó en otoño del 2017 se ha escrito mucho. En el juicio se sostiene que se trató de un acto de desobediencia civil, que consiste en oponerse a una norma o un gobierno, aún sabiendo que se está contra la legalidad y con el fin de conseguir un fin social o político. Los ejemplos más claros son Gandhi y Luther King. Hay una diferencia: España, hoy, no es la India de la posguerra ni los Estados Unidos segregacionistas. Pau Luque, profesor de Filosofía del Derecho, no ha pasado por la sala, pero también ha abordado la rebelión y golpe de Estado, ahora, y el procés .En su libro La secesión en los dominios del lobo (Catarata; Madrid, 2018) ha dejado en blanco sobre negro: “El derecho es frágil ante la técnica posmoderna de la conquista del poder”. Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila dieron órdenes estrictas de que no se gastara ni un céntimo de sus departamentos en el referéndum. Así lo afirmaron ante el tribunal altos cargos de sus consellerías, todos funcionarios de carrera durante muchos años y que alejaron así de ellos la acusación de malversación con otro dato añadido: en ninguna de sus áreas se trabajaba con Unipost –cuyas facturas están en tela de juicio– sino con Correos. El fiscal incidió en un acuerdo de Govern por el cual los costes de la convocatoria se repartirían solidariamente entre todos los departamentos, pero los funcionarios coincidieron en que era papel mojado: un acuerdo político imposible de aplicar.
Puede que ellos tres no aportaran fondos públicos al referéndum, pero otros sí. Esto es lo que aseguraron tres abogadas del Estado y una interventora del Estado, que testificaron como peritos de las acusaciones públicas. Según ellas, hubo dispendio público para el procés en el Diplocat, en la campaña de Civisme o en el Registre de Catalans en el Exterior, entre otros. Y lo valoraron: 917.648,39 euros. Además, fijaron una línea: hay gasto en cuanto se presta un servicio, no cuando se paga. O sea, que si se emiten anuncios, aunque no se abonen, ya puede haber perjuicio para las arcas públicas.
Una de las peritos expresó con rotundidad: “Los servicios públicos no son gratis, o los pagan los usuarios o los pagan los ciudadanos”. Las defensas insisten en que no se dio un solo euro público para la causa. ¿Como se pagó, entonces? Un ex alto cargo de Santi Vila aportó la explicación que Puigdemont le dio a su conseller: el 1-O se pagaría con la aportación de particulares. Vamos, a escote.
Nota 1: Al margen del juicio pasan cosas. El fiscal impugnó que Oriol Pujol tenga el tercer grado y la juez de vigilancia penitenciaria lo ha devuelto a prisión. En Catalunya, la forma en que se cumplen las sentencias depende de la Generalitat. Si hay penas, los condenados por el procés irán a cárceles catalanas, pero la Fiscalía debe vigilar que no se quiebre el fallo. ¿Aviso a navegantes? Al fiscal que se ocupa de estos asuntos, sus compañeros ya le han aventurado que se le avecina trabajo.
Nota 2: El juicio avanza hacia su final. Han concluido las comparecencias de testigos y de peritos. De los primeros han declarado 422, y otros 13 no lo hicieron porque están acusados en otros procedimientos. Peritos han desfilado 16, más uno que no declaró por un problema procesal y a otro se renunció.
Entre los peritajes hubo uno filológico sobre los informes de los Mossos y otro sobre la hipótesis de cuánto costaría alquilar los centros de votación si en vez de públicos fueran privados, algo un tanto hiperbólico. Además, dos médicos llamados por el letrado de Junqueras aseguraron que ningún agente de la ley resultó lesionado de gravedad el 1-O, atendiendo a los partes, y minimizaron el daño sufrido. El fiscal mostró cierto enojo y quiso saber si en su opinión una inflamación testicular salía sola o por una agresión. Deducción de los facultativos: por una patada.
Para los jueces se acaba el tiempo de mirar y oír y se acerca el momento de debatir y escribir. ¿Qué dirán sobre la desobediencia civil o la violencia en la España de hoy? Esta será una sentencia que definirá conceptos, incluso en la política. Será cuando se adecuará la ley a la realidad.