El relevo de la cúpula judicial, pendiente de los pactos
PSOE y PP deberán contar con otras fuerzas para renovar los cargos de la judicatura
La renovación de los presidentes del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y de la Audiencia Nacional, y aun de la Fiscalía, está pendiente del arranque de la nueva legislatura, donde PSOE y PP necesitarán pactar con otras fuerzas.
Las principales instancias y órganos de la justicia están pendientes del resultado de los contactos entre los partidos en busca de los pactos precisos para que pueda iniciarse la legislatura. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya presidencia lleva aparejada la del Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía General del Estado y la Audiencia Nacional tienen que activar procesos de cambios internos y/o relevos que en su mayoría dependen de que los partidos políticos los pongan en marcha y de que el Congreso o el Senado, según los casos, ejecuten los acuerdos que se alcancen.
Todas las instituciones mencionadas son piezas clave del sistema político y constitucional, y tendrán a lo largo de los próximos meses un especial protagonismo en los procedimientos abiertos en relación con Catalunya y la gestión de la sentencia sobre el caso 1-O, entre otros muchos asuntos de gran relevancia. La renovación de la cúpula judicial quedó pendiente en diciembre pasado, cuando ya existía un acuerdo entre el PP y el PSOE para proponer al magistrado Manuel Marchena como nuevo presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo.
Ahora, sin embargo, no sólo ha cambiado la situación política, con una legislatura que no acaba de arrancar, sino que ha variado la composición del Parlamento. Por tanto, los eventuales pactos entre los partidos ya no deberán incluir sólo a socialistas y populares, sino que harán falta otros apoyos. La mayoría requerida en el Congreso para la designación de nuevos vocales del Poder Judicial es de tres quintos, equivalentes a 210 diputados. PP y PSOE, principales negociadores de estas operaciones de renovación en los últimos decenios, no alcanzan esa cifra.
La consecuencia de esta nueva situación es que para renovar el CGPJ habrá que intentar que intervengan Podemos y/o Ciudadanos.
En el propia cúpula judicial se estima que la operación será compleja, sobre todo si Cs mantiene su rechazo hacia este tipo de negociaciones. En tales medios se subraya que si sólo se dialoga con Podemos, el PP no entrará en las conversaciones. La razón estriba en que un Consejo resultante de un pacto entre PSOE, Podemos y PP dejaría muy mermada la capacidad de influencia de los populares en el ámbito judicial.
El remedio para esta situación es que Cs entre en la negociación. Si no lo hace, el riesgo es que el actual CGPJ permanezca indefinidamente en funciones. Hay algún precedente, pero nadie lo considera positivo. El CGPJ presidido por el conservador Francisco Hernando, por ejemplo, se mantuvo prorrogado más de dos años y medio.
El problema es que estas fases de mandato prorrogado son terreno abonado para episodios conflictivos cuyos efectos se agrandan por la situación de interinidad. Por ejemplo, en relación con la política de nombramientos, aunque el Consejo está facultado –y en cierto modo obligado, para evitar disfunciones y retrasos- a proveerlos también en las etapas de transición. Consciente de todo ello, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha vuelto a dirigirse esta semana al Parlamento para recordarle la renovación pendiente de la institución.
Con el Tribunal Constitucional (TC) puede darse una situación parecida a la vuelta de pocos meses. Y hay que tener en cuenta que el papel de esta institución será clave en relación con Catalunya en general y el caso 1-O en particular, porque tendrá que resolver los recursos de amparo que puedan presentarse contra la sentencia que está deliberando el Supremo sobre este asunto. El paso por el TC es obligado para acudir luego ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
La renovación del Constitucional ha de producirse en noviembre próximo, y debe afectar a cuatro magistrados, entre ellos el presidente, Juan José González Rivas. Como la mayoría requerida vuelve a ser de tres quintos, PP y PSOE tendrán que extender sus pactos habituales a otros partidos. Ese camino estará, sin duda, erizado de dificultades.
El motivo reside en que el sector conservador del Constitucional es ahora mayoritario. Cuenta con ocho de los doce magistrados. Para sustituirlos, el PSOE querrá proponer al menos a dos, y el PP a uno. El cuarto puede ser designado a instancias de Podemos o de Cs, si acepta entrar en liza. Pero los populares no tendrán prisa por llegar a un acuerdo, porque van a perder puestos en la institución. En todo caso, tras la salida de los cuatro magistrados a los que corresponde cesar –Encarna Roca, vicepresidenta del TC; Andrés Ollero, Fernando Valdés Dal-Re y el ya mencionado González Rivas–, la mayoría seguiría siendo conservadora.
Este factor puede decantar la presidencia del TC a favor del catedrático de derecho constitucional Pedro González Trevijano, que ha encabezado a este sector en los últimos años en la institución. Tampoco cabe descartar al magistrado progresista Juan Antonio Xiol. Al presidente le eligen los doce miembros del Constitucional, una vez renovado, por lo que la influencia de los partidos es menor, e indirecta, por medio del proceso de elección de los nuevos jueces. Lo previsible, en todo caso, es que si al final el equilibrio de fuerzas queda en siete magistrados del sector conservador y cinco del progresista, como podría exigir el PP para no bloquear la negociación, González Trevijano tenga muchas probabilidades de asumir la presidencia.
Otra institución clave en los próximos meses, también con respecto a la sentencia del caso 1-O, será la Fiscalía General del Estado, porque intervendrá en la gestión del fallo. Por ejemplo, en relación con posibles peticiones de indulto o en el control de permisos penitenciarios o cambios de clasificación de los presos, si los acusados por rebelión en el reciente juicio del Supremo fueran condenados.
La continuidad de la actual fiscal general, María José Segarra, depende de cómo quede la composición del Gobierno. Pero en la propia carrera fiscal se cree que el Ejecutivo va a optar por un cambio, con el objetivo de reforzar la autoridad de quien haya de dirigir la labor de la Fiscalía. Segarra se ha encontrado al frente de una institución dominada por los fiscales de Sala del Supremo, categoría a la que ella aún no había accedido en su carrera. Y eso añade un factor de dificultad objetiva para ejercer el mando. En la Fiscalía se cree que el Gobierno optará esta vez para el cargo por un político con formación jurídica.
La presidencia de la Audiencia Nacional, finalmente, debe decidirse este mismo mes. Concurren el actual presidente, José Ramón Navarro, y el juez central de instrucción Ismael Moreno. En medios del Consejo se cree que Navarro tiene muchas más posibilidades que Moreno, por su experiencia al frente de la Audiencia, que deberá juzgar en enero próximo otro proceso relacionado con el 1-O, el que se sigue contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y sus antiguos jefes políticos en Interior.
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