Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 46%
Las de propiedades inmobiliarias, las que más han crecido
Los registradores españoles detectaron el año pasado casi 22.600 inscripciones con sospechas de ocultar operaciones de blanqueo de capitales, lo que supuso un fuerte incremento del 46% sobre el número de alertas detectadas en el año 2017, según la información facilitada por el propio Colegio de Registradores.
El mayor incremento se detectó en los registros de la propiedad, donde se lanzaron casi 10.000 alertas ante la posible existencia de que pudieran ocultar alguna forma de lavado de dinero procedente de origen delictivo. El incremento en este apartado fue cercano al 65%, poniendo sobre aviso a las autoridades responsables de perseguir este tipo de delitos. En los registros mercantiles se emitieron 12.700 alertas a lo largo del año pasado, con un incremento anual del 34%.
Todos esos avisos fueron lanzados por los registradores desde sus respectivos registros y comunicados al Centro Registral AntiBlanqueo (CRAB), donde fueron tratados y remitidos, en su caso, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). El Colegio de Registradores tan sólo remite al Sepblac aquellos casos que, después de una depuración informática, presentan muy serios indicios de ocultar algún delito, y viene a representar en torno al 1% del número total de alertas.
Así pues, aunque el elevado volumen de alertas se traduzca en unos cientos de procesos judiciales, sí es indiciario de cómo evoluciona la realización de operaciones mercantiles o inmobiliarias de dudoso cometido y de cómo la compra de propiedades inmobiliarias puede estar ocultando en cientos de casos la forma en que organizaciones criminales lavan el dinero que obtienen de sus negocios ilegales.
La decana del colegio, María Emilia Adán, ha explicado a La Vanguardia que “los registradores tienen la obligación legal de remitir esas alertas cuando los datos que obtienen les induce algún tipo de sospecha, pues sólo de esta forma pueden poner sobre la pista en primer término al Sepblac y, en segundo, a las fuerzas de seguridad del Estado”.
El CRAB fue creado oficialmente a finales del 2015, por lo que el 2018 fue su tercer ejercicio completo de funcionamiento. Su juventud hace que incluso los primeros casos detectados en el 2016 que han supuesto la apertura de investigaciones y procesos judiciales todavía están en trámite o pendientes de ser juzgados, por lo que no es posible establecer ni el volumen ni el resultado final del sistema. No obstante, sí es útil para establecer un sistema de detección temprana de posible instrumentación de propiedades y empresas para la comisión de delitos.
El trabajo de los registradores para atajar el crimen organizado lanzó el año pasado un instrumento adicional, el registro de titularidad real. La base de datos elaborada por los registradores facilitad al Sepblac, a la Fiscalía o las fuerzas de seguridad quiénes son los verdaderos titulares de todas y cada una de las empresas inscritas en los registros españoles. Igualmente, permite a los investigadores consultar el esquema de titularidad cuando los propietarios hacen uso de numerosas empresas interpuestas con el objetivo, precisamente de diluir la propiedad real de determinadas compañías.
Estos avisos dan idea de cómo evolucionan operaciones con dinero de dudosa procedencia