100.000 Macarenas
Esa es la cifra de grandes y severos dependientes que no reciben atención
Unas cien mil personas con un alto grado de dependencia se encuentran, a día de hoy, esperando a recibir una atención que el sistema le ha reconocido pero que sin embargo, las administraciones no les dan. Cien mil personas, entre ellas, miles de personas con una dependencia similar a la de Macarena Giménez, de 28 años, tetrapléjica de nacimiento, cuyo caso ha sido explicado en La Vanguardia. Macarena sí recibe atención por parte del sistema de dependencia, pero millares de personas como ella no, pese a ser las que más requieren atención al necesitar ayuda casi las 24 horas del día. Pero la situación no es igual en todos las comunidades. Una buena parte de esos grandes y severos dependientes (grado II y grado III) se concentran sobre todo en dos territorios, Andalucía y Catalunya.
Y todo ello, pese a que las listas de espera se han reducido de manera notable. Según los datos facilitados por la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales, el sistema ha
reconocido a 1.300.000 ciudadanos como dependientes que precisan atención (datos del 2018), 39.000 más que en el periodo anterior. De ellas, 1.054.000 reciben atención, casi 100.000 más que en el 2017. Lo que ocurre es que la gran mayoría atendidos son dependientes moderados (grado I). Así lo advierte José Manuel Ramírez, presidente de la asociación que, con datos extraídos del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social y de las comunidades autónomas, fiscaliza el desarrollo de la ley de Dependencia.
Según este Observatorio de la Dependencia que gestiona la asociación, a 31 de diciembre del 2018 la lista de espera se había reducido en casi 40.000 personas para los dependientes moderados (grado I). Sin embargo, entre los ciudadanos valorados como grados II y III se redujo tan sólo en unas 20.000 personas. Los de grado II son quienes precisan atención dos o tres veces al día aunque no requieren el apoyo permanente de un cuidador o tienen necesidades de apoyo extenso para su autonomía. Y los de grado III son aquellos que precisan atención varias veces al día y por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
¿Por qué no se atiende a los que más lo necesitan? La respuesta es clara: porque es más caro. Las administraciones están “maquillando” los datos de las listas de espera que aunque es verdad que se están reduciendo, sin embargo lo hace con servicios “low cost”, señala Ramirez.
La incorporación el 1 de julio del 2015 de todas las personas con grado I (moderado) supuso un importante incremento de la lista de espera que debía absorberse en el menor tiempo posible. Y se ha hecho, tal y como se comprueba en los sucesivos informes realizados por la citada asociación, dando servicios a este grupo de dependientes y dejando de lado a los que más lo necesitan. “Los crecimientos que se han dado en los dos últimos años tienen mucho que ver con las atenciones que podríamos denominar de bajo coste, como la prevención y promoción de la autonomía en muchos casos; la teleasistencia, con un coste medio de 25 euros al mes; o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno, cuya media mensual está cercana a los 300 euros y bajando”, advertía el Observatorio de la Dependencia correspondiente al primer semestre del 2017 y que, explica Ramírez, sigue totalmente vigente.
Según este trabajo, más de la
Las listas de espera han descendido porque se ha dado prioridad a los que necesitan una atención puntual
mitad del incremento de las atenciones desde julio del 2015 se deben a intervenciones de bajo coste y, muy especialmente, a la teleasistencia, que en algunos territorios se está configurando como única prestación. Para algunos casos, de forma muy peligrosa. “La urgencia de sacar expedientes de la lista de espera y la presión presupuestaria no pueden convertir la atención a la dependencia en el despliegue de atenciones que deben ser consideradas sólo como complementarias y nunca suficientes por sí mismas”, señala Ramírez.
La realidad es, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que a pesar del incremento de personas asistidas, el coste por depen
diente atendido está descendiendo y la generación de empleo se ha frenado por primera vez en el sector. “Corremos el peligro de crecer con atenciones mediocres que no suponen auténtico apoyo a las personas, que no generan suficientes retornos y que no son fuente de empleo”, señala el informe. Según los datos del 2018, el coste por dependencia se ha reducido la friolera de un 20,8% desde el 2009 pese al incremento de dependientes atendidos.
Al serio e injusto problema de dejar en el limbo a los dependientes que más lo necesitan, se suma las enormes diferencias territoriales. Mientras los dependientes de Castilla y León, por ejemplo, tienen asegurada la atención casi en su totalidad, hay comunidades en las que ni siquiera los moderados reciben el servicio al que tienen derecho. Catalunya y Andalucía aglutinan el 60% de las listas de espera. En concreto, Catalunya el 33% (la media española es el 19,2%).
Esta comunidad mantiene desde el 2015 la lista de espera: algo más de 74.000 dependientes en el 2018, según los datos facilitados por Ramírez y expuestos en el Parlament el pasado mes de abril. Y es que es la región que menos beneficiarios ha incorporado al sistema de dependencia desde el 2015, sólo un 22%, la mitad que la media nacional. En los últimos cuatro años sólo ha reducido esa lista en casi un 4%, cuando la reducción media estatal ha sido del 43,5%.
Según los datos del Observatorio de la Dependencia, serían precisos 90 años al ritmo actual de reducción de la lista de espera para que el sistema de atención a la dependencia catalana atendiera a todas esas personas que permanecen en ese limbo.
Los problemas económicos están detrás de estos datos. Por
un lado, Catalunya ha dejado de percibir 72 millones de euros cada año desde el 2012 (524 millones en total). Y por otro, la decisión del Govern de “mantener
Catalunya ha reducido la lista de espera en cuatro años casi un 4%, la media estatal ha sido un 43,5%
un gasto muy por encima de la media en otras políticas mientras recortaba en servicios sociales”, explica Ramírez.