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La preocupación por el incremento de las medidas proteccionistas en la economía global, y los pasos del Ayuntamiento de Barcelona para regular el servicio de bicitaxi.
LA movilidad siempre ha sido un problema característico de la ciudad de Barcelona. Por su especial estructura urbana, dos veces milenaria en su núcleo más antiguo, con un ensanche que supera ya el siglo y medio e históricas poblaciones añadidas con calles estrechas y abigarradas, la capital catalana forma un conjunto denso que dificulta la movilidad. Especialmente desde que el automóvil se convirtió a partir de la mitad del siglo XX en un medio regular y masivo y con la consiguiente y lenta conquista de aceras para peatones en detrimento de las calzadas para coches y motocicletas.
Con la llegada de la conciencia masiva de la lucha contra la contaminación atmosférica, empezó a ganar espacio la bicicleta como medio de transporte individual, hasta convertirse en la ciudad española con más carriles bici: 209 kilómetros y otros 63 presupuestados, con 6.000 bicicletas de alquiler, mil de las cuales son eléctricas. Pero poco a poco, la oferta se ha incrementado y han aparecido diversos vehículos de movilidad personal (VMP) como patinetes y scooters eléctricos, segways, hooverboards y monopatines que han convertido la ciudad en un complejo movimiento que obliga al Ayuntamiento y la Generalitat a tomar una serie de normas para poner orden al caos.
La última novedad aparecida ha sido el bicitaxi, un sistema de transporte mediante triciclo dirigido básicamente al turismo. A pesar de exigir una autorización municipal se han multiplicado las iniciativas ilegales que chocan con las legales –existe una Asociación de Conductores Catalanes de Rickshaw–, hecho que desemboca en más de una discusión pública para sorpresa e incomodidad del posible cliente. Es evidente que, como se hizo en su día con la bicicleta, los patines o las motocicletas eléctricas, va a ser necesario aprobar una normativa que ponga orden a la oferta de este último medio ya que las multas interpuestas a quienes no disponen del correspondiente permiso no están resultando efectivas.
La concejalía de Movilidad está tratando de ponerse de acuerdo con la Generalitat y la dirección general de Tráfico con el fin de que haya una ley que regule este tipo de vehículos y la actividad económica que pueden o no pueden desarrollar, así como cuáles son las actividades permitidas y las que no teniendo en cuenta que algunos constituyen una competencia ilegal al taxi. En definitiva, se trata de hacer frente a una dispersión de medios de transporte teniendo en cuenta dos prioridades: el peatón, por encima de todo, y la lucha contra la contaminación atmosférica que es, en definitiva, la otra necesidad urgente.