La crisis política tensa el Poder Judicial
El gobierno de los jueces, con el mandato expirado, sigue realizando nombramientos pese a las protestas de asociaciones profesionales
Desde la cúpula –y desde la base– de la justicia española se está siguiendo con preocupación la situación de bloqueo político a que ha abocado el debate de investidura. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró en diciembre pasado, no podrá renovarse en estas condiciones, pese a lo cual continúa tomando decisiones, porque ninguna norma se lo impide. De hecho, la previsión legal es que se mantenga en plenitud de funciones, para no paralizar la maquinaria judicial.
El día a día de la justicia, desde luego, no se detiene. Y tampoco las decisiones de gobierno de la magistratura, cuando las asociaciones judiciales de centroizquierda consideran que un Consejo del Poder Judicial caducado no debería seguir actuando como si estuviera en pleno mandato. Pero el CGPJ se considera enteramente legitimado para actuar, y no va a renunciar a competencia alguna. Por ejemplo, para sustituir en los próximos meses por jubilación a dos de los siete magistrados de la Sala Penal del Supremo, la que ha juzgado el caso 1-O. Se trata de Luciano Varela y Juan Ramón Berdugo, los que ocupaban los principales puestos en la sala, a derecha e izquierda, respectivamente, del presidente, Manuel Marchena.
El puesto de magistrado del Supremo es vitalicio, lo que da idea de la relevancia de cada nombramiento. Y ayuda a entender que la decisión sobre cada plaza se examine a la luz de criterios que no tienen en cuenta sólo la trayectoria profesional, sino también el perfil ideológico. Los que analizan estos factores y toman la decisión sobre los candidatos son los vocales del Consejo, el que ahora está con el mandato expirado y en cuyo nombramiento tuvieron en su día gran relevancia los partidos políticos, por medio de
pactos parlamentarios. De ahí que la incertidumbre sobre la posible disolución de las cámaras a la vuelta del verano se proyecte sobre la justicia. El factor tiempo puede, en suma, influir en los nombramientos. Y no sólo los del Supremo, sino los correspondientes a presidencias de los tribunales superiores de las comunidades autónomas y de las audiencias provinciales de buena parte del país.
Estos cargos no son, en cambio, vitalicios, sino por cinco años. Pero para asociaciones judiciales como la Francisco de Vitoria o Jueces y Juezas para la Democracia, es objetable que un Consejo del Poder Judicial caducado decida sobre el futuro de los principales órganos de gobierno de la justicia. En el último pleno del Consejo, por ejemplo, se decidió sobre la presidencia del TSJ de Galicia, y ahora se va a convocar la de Extremadura. Y acaban de tomar posesión dos nuevos magistrados del Supremo, uno para la Sala de lo Militar –José Alberto Fernánez Rodera– y otro –José Luis Seoane– para la de lo Civil.
Ambos superaron con creces los 3/5 de los vocales del Consejo, una mayoría que se estableció para asegurar cierto consenso en los nombramientos. El CGPJ se acoge a este argumento para defenderse de las acusaciones y sostener que la izquierda judicial hubiera podido actuar como minoría de bloqueo, y no lo hizo, lo que demostraría que se está actuando con equilibrio, y no de forma sesgada para asegurar a los sectores conservadores el control de los puestos clave de la justicia en el próximo quinquenio.
En todo caso, si hay nuevas elecciones en noviembre, resulta impredecible cuál será la correlación de fuerzas resultante y cuál será la disponibilidad de cada partido para negociar la renovación de la cúpula judicial. Ciudadanos ha venido denunciando el sistema de cupos y que sean los partidos los que lleven la voz cantante en las operaciones de renovación. Pero desde el propio
Desde la cúpula de la justicia se lanzan mensajes a Cs para que actúe junto al PP en la renovación del Consejo
Poder Judicial se le están lanzando invitaciones para que entren en el juego a la primera oportunidad. Albert Rivera no se ha comprometido a nada concreto pero sí a escuchar.
En la operación envolvente participará, llegado el caso, el PP, que es el primer interesado en no quedarse sólo frente a un todavía hipotético gobierno de centroizquierda si tuviera que negociar un pacto de renovación judicial, en el que sin duda quedaría en minoría en el Consejo. Ahora, en cambio, la mayoría conservadora en el CGPJ funciona engrasada, con 11 vocales del total de 20. Quizá ello ayude a entender que la derecha judicial sea muy prudente ante los movimientos del Consejo y su existencia prorrogada.