El tribunal del 1-O ya tiene decididos aspectos clave de la sentencia
El tribunal del caso 1-O ha progresado sustancialmente en sus deliberaciones en los últimos días, intentando permanecer ajeno a las alusiones hechas en el debate de investidura sobre las consecuencias y dificultades políticas que su fallo pueda suponer para algunos partidos políticos a la vuelta del verano. En el Supremo se duda, en todo caso, de que la sentencia pueda llegar a finales de septiembre, como los magistrados se habían propuesto, aunque se mantiene el propósito de intentarlo. El presidente, Manuel Marchena, ponente del fallo, sólo se va a ir de vacaciones una semana o diez días, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado por el conjunto de la Sala Penal. Los otros seis magistrados podrán hacer un paréntesis más amplio. Se dividieron la tarea al final de la vista oral y antes de irse de vacaciones los seis están proporcionando sus textos a Marchena, encargado de la redacción definitiva de la resolución.
De momento, no se ha votado nada, aunque las principales decisiones ya están orientadas. La Sala Penal ha mantenido reuniones periódicas para abordar los puntos clave, que se están acordando por un procedimiento de decantación paulatina de criterios, sin necesidad de votar. Lo que queda, que no es poco, consiste en darle forma a lo resuelto sobre el relato de hechos, la descripción del tipo de delito o delitos y la atribución de responsabilidades a cada uno de los procesados que resulten condenados. Lo que no se cree en el Supremo –ya sea el delito principal el de rebelión, consumada o intentada, o sedición– es que las condenas se sitúen cerca de las solicitadas por la Fiscalía, sino que el tribunal ha buscado un punto intermedio que probablemente no satisfará a ninguna de las partes.
En el Alto Tribunal se prevé que el fallo se conocerá como pronto en la segunda quincena de septiembre, o como tarde en la primera de octubre próximos. La Sala Penal ya tiene escrito el primer capítulo de la resolución, relativo al tratamiento que se ha dado en este proceso a los derechos individuales y de defensa. Presumiblemente, el Supremo sostendrá que los derechos de los procesados han sido plenamente respetados. Y al propio tiempo el fallo va a rechazar la idea de que la convocatoria del 1-O supuso un mero ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Si admitiera tal hipótesis, la sentencia tendría que ser absolutoria y ya se habrían acordado las correspondientes libertades. Y ha sucedido lo contrario, porque el Supremo ha denegado las excarcelaciones solicitadas tras el final del juicio.
Las defensas ya trataron de paralizar la causa en las cuestiones previas al juicio alegando vulneración de derechos fundamentales, y el tribunal les respondió negativamente, rechazando apreciar en el curso de la causa motivo alguno de nulidad del proceso penal. Ahora se trata de desarrollar aquellos argumentos poniéndolos negro sobre blanco. Este capítulo es importante, porque en el caso de que se dicte un fallo condenatorio las defensas recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para tratar de obtener la anulación del proceso.