Bolsonaro por la pendiente
EL Gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrenta a dos investigaciones que, de prosperar judicialmente, podrían significar un duro golpe no sólo para su imagen sino, sobre todo, para su continuidad al frente del Ejecutivo. Se trata de las acusaciones que afectan al propio presidente y a su hijo, Flávio, de haber recibido dinero de formaciones paramilitares que controlan algunas favelas del oeste de Río de Janeiro. El segundo motivo de preocupación son las filtraciones de conversaciones que afectan a su ministro de Justicia, Sérgio Moro, que podría haber incurrido en un delito de prevaricación cuando era el juez que investigaba los casos de corrupción que afectaban al expresidente Lula da Silva, ahora en prisión.
Bolsonaro, un exmilitar nostálgico de la dictadura brasileña, accedió al poder en unas elecciones en octubre del 2018, después de una larga, tensa y penosa etapa de investigación judicial sobre los gobiernos del PT de Lula y de su sucesora, Dilma Rousseff, que acabaron con la hegemonía de la izquierda y de su crédito político. Bolsonaro prometió “barrer del mapa a los bandidos rojos: o van presos, o van al exilio”, y sobre la dictadura dijo que “su error fue torturar y no matar”. Pero en los cerca de dos años de Gobierno, Bolsonaro
no sólo no ha revertido la durísima situación económica brasileña, heredada de Rousseff, sino que el aura de justiciero que le llevó al poder se ha vuelto en su contra por los casos judiciales que afectan a su familia y a su Ejecutivo. Tanto es así que el nivel de popularidad del presidente apenas alcanza al 30% del electorado, mientras que el 33% califica su gestión de pésima, cuando hace dos años sus apoyos estaban por encima del 56%.
La cuestión de fondo es, sin embargo, que todo el asunto parece estar envuelto en un proceso repleto de graves irregularidades. Por ejemplo, los fiscales que investigan el caso de la familia Bolsonaro se lanzaron al ruedo sin el pertinente permiso del juez, lo que podría anular todo el procedimiento –de momento se encuentra judicialmente suspendido– a pesar de las evidencias de corrupción y de vínculos con paramilitares que se han encontrado. Sea cual sea el destino de las investigaciones judiciales, es evidente que tanto la imagen del presidente como la del ministro de Justicia brasileños están seriamente afectadas y son muchos los ciudadanos que hoy no volverían a dar su voto a un político que sigue haciendo de su ideología de extrema derecha un argumento impresentable para un país civilizado y culto.