El Gobierno da el primer golpe a la sustracción ilegal de agua de Doñana
La Guardia Civil contuvo esta vez la protesta vecinal y se pudieron sellar 65 pozos
En menos de una semana, el Gobierno ha culminado el sellado de 65 pozos ilegales en el entorno de Doñana, en terrenos de propiedad municipal del Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva). La medida supone un primer paso para eliminar la sustracción de agua de Doñana con destino a la industria de la fresa y los frutos rojos, una situación que ha alertado a la Unesco y a la propia Unión Europea, que en reiteradas ocasiones han exigido una solución al problema.
En los próximos días, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, cerrará los otros doce pozos que todavía permanecen abiertos y dos grandes balsas de acopio y distribución. Lo mismo tiene previsto hacer en el municipio de Moguer.
Se trata del mayor cierre de pozos de captación ilegal de agua de Doñana, una situación denunciada por la Guardia Civil en el año 2013 y cuyo cierre fue dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una sentencia de hace dos años.
El sellado de los pozos ha necesitado un amplio despliegue de la Guardia Civil para permitir el trabajo de la CHG. El pasado 24 de junio se realizó el primer intento de sellar los pozos y cumplir la sentencia, pero dos centenares de vecinos, comerciantes, trabajadores y empresarios agrícolas de Lucena del Puerto lo impidieron.
La negativa de los vecinos a cumplir con la sentencia judicial les ha supuesto una lluvia de muldo tas que llegan hasta los 600 euros. Pese a todo, estaban dispuestos a llegar hasta el final, “porque sin agua no se puede trabajar y supondrá la ruina para el sector de la fresa y otros frutos rojos que ha creado cerca de 150.000 puestos de trabajo en los últimos años”, aseguran.
“Sin agua superficial, Lucena se muere y se arruina el sector”, asegura el presidente de la Asociación de Agricultores del Condado, Vicente Ojuelos, al tiempo que deja claro que están de acuerdo con el cierre de estos pozos, pero “antes necesitamos el agua, no se pueden cerrar sin darnos ninguna solución que durante 30 años nos han prometido”.
La organización ecologista WWF señala que hay más de mil captaciones ilegales de agua en Doñana y su entorno. La mitad de ellas ya han sido oficialmente denunciadas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que junto a la Fiscalía de Medio Ambiente intenta poner coto a una situación sumamente compleja.
La comarca del Condado se ha levantado en pie de guerra porque otros muchos pueblos de la comarca están en la misma situación. El vicepresidente del PP de Huelva, Alberto Fernández, los animó a “seguir peleando, partiéndoos la cara, lo estáis haciende puta madre y eso no os lo quita nadie”.
Los ecologistas aseguran que “el debate del agua está secuestrado por el grupo de presión de regantes que, a base de amenazas y por la fuerza, quieren seguir saqueando el agua del acuífero”.
Compaginar los intereses de protección del medio ambiente con la actividad empresarial de la zona es una ecuación de difícil solución. Desde hace décadas, las explotaciones agrícolas se han abastecido ilegalmente del agua de Doñana, hasta dejar en una situación crítica al acuífero que alimenta el parque nacional.
Las promesas de solucionar el problema mediante trasvases de agua no se han hecho realidad, o al menos eso es lo que señalan los afectados. Desde comienzos de la década son varios los expedientes judiciales abiertos por el robo del agua de Doñana.
A finales del 2017, seis empresarios se sentaron en el banquillo, acusados de un delito contra los recursos naturales, para los que el fiscal de Medio Ambiente pedía tres años y diez meses de prisión. Los señalaba como autores de la extracción ilegal de agua del acuífero 27, que abastece al espacio natural y es fundamental para su pervivencia.
El hurto de agua para industrias como la de la fresa han llevado al acuífero del parque a una situación límite