Dos millones de gasto por perros sin chip
Un estudio analiza el impacto económico por el incumplimiento de los ayuntamientos de la ley de protección de los animales de compañía
El incumplimiento de la legislación en materia de identificación de animales de compañía por parte de las administraciones locales catalanas genera un gasto en torno a dos millones de euros que deben asumir las entidades protectoras. Exactamente 1.907.950,76 euros, una cifra que se dispara a 110 millones en toda España. El estudio señala que, si todos los animales encontrados en la calle llevasen microchip, en España se generaría un ahorro superior a los 60 millones de euros
Es la conclusión a la que han llegado los dos estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas de la Universitat Pompeu Fabra, Sergi Campo y Dana Ferrer, en el trabajo que han realizado a petición de la Fundació Daina y la Sociedad Protectora de Animales de Mataró (SPAM), que gestionan tres centros de acogida de animales en la provincia de Barcelona y dan servicio a 36 municipios. Si bien la identificación de animales es obligatoria en toda España, el resultado del estudio, a partir de los datos de los 38 ayuntamientos, confirma que “el control policial es ínfimo” y no se sanciona. Ante tal incumplimiento de las administraciones locales, los autores del estudio calculan que existe unos sustanciales ingresos que se dejan de obtener por la laxitud de los responsables y la falta de control.
Entre un perro identificado y otro que no lo está existe una diferencia de coste de 162,8 euros, la misma cifra que ahorraría un ayuntamiento en la externalización de los servicios de recogida y manutención. Para la protectora, en cambio, el gasto es de 1,6 millones por los canes sin microchip, mientras que los debidamente identificados generan un gasto de 263.000 euros. Igualmente, en el 90% de los casos de animales no identificados nunca aparece el propietario, lo que explica una larga estancia en el refugio, mientras que el 85% de los identificados son recuperados en una media de cinco días.
Según Sílvia Serra, presidenta de la SPAM, la situación actual de los centros de acogida de animales “es de colapso” y la previsión es que no puedan acoger más en los próximos años, por lo que “nos veremos obligados a dejar de dar servicio a los municipios”. El gran número de animales sin identificar provoca “una falta de flujo en las salidas”.
Una complicación añadida es el incremento de abandonos de perros de razas peligrosas. En los tres refugios que gestionan Daina y la SPAM hay 230 animales de estas características. La “discriminación” en el control de estos perros aumenta la dificultad en las adopciones. Consideran preciso cambiar la legislación y que “la normativa sea más equilibrada y no se discrimine por razas”, con lo que se evitaría también la tenencia por parte de “personas irresponsables”. En Catalunya, comunidad pionera en la protección animal, la ley del 2003 ya ha quedado obsoleta y aún no se ha aprobado el reglamento para su aplicación.
Si los animales encontrados en la calle llevasen identificación se ahorrarían en España 60,3 millones