El desalojo en unos jardines del Raval acaba con nueve detenidos
Cierre parcial de los jardines de Sant Pau del Camp del Raval después de desmantelar un asentamiento este lunes en una operación conjunta de la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, explicó ayer que la actuación forma parte del operativo contra el tráfico de drogas en la zona. La intervención acabó con 29 personas identificadas y una investigada por un delito contra la salud pública. Posteriormente, la Policía Nacional detuvo en dependencias policiales a nueve personas por situación irregular con antecedentes penales.
Estos jardines, inaugurados en 1992 en los antiguos huertos del monasterio románico de Sant Pau del Camp, son una de las pocas áreas verdes del barrio y las quejas vecinales han sido reiteradas por su degradación y sensación de inseguridad.
En este espacio había un asentamiento y fuentes policiales aseguran que se consumían drogas y alcohol, además de peleas, algunas de ellas incluso con armas blancas. Los jardines también servían de refugio para algunas personas tras haber cometido un delito, según las mismas fuentes.
La zona presentaba un estado de abandono y suciedad creciente al no poder entrar desde hace unos días los trabajadores municipales de la limpieza que recibían amenazas. Tras limpiarse los jardines, el Ayuntamiento ha establecido un perímetro de cierre provisional que durará unos meses para hacer unas obras de acceso de un centro cercano mientras que el resto del parque sigue abierto en su horario habitual. La policía también hará un seguimiento para que el espacio no se vuelva a ocupar.
No es la primera vez que se produce una intervención policial en este lugar, también frecuentados por menores migrantes no acompañados. A principios de año, otro dispositivo se saldó con cinco detenciones.
Los servicios sociales del Ayuntamiento estuvieron presentes durante la intervención del lunes con equipos que trabajaban en la zona para “detectar situaciones de vulnerabilidad y ofrecer alternativas”.
Por su parte, la Fundació Arrels criticó el desalojo al considerar que la “medida policial no soluciona el problema y vulnera los derechos de las personas sin hogar”. La entidad añadió que desde hace más de cuatro años había personas que pernoctaban en el parque.