Cuenta atrás
La vicepresidencia convocará a las autonomías para preparar la salida
El Gobierno ha activado un grupo de trabajo que seguirá de cerca la evolución del Brexit ante la proximidad de la fecha de salida y la posibilidad de que no haya acuerdo.
El Gobierno de España sigue creyendo que la mejor opción es un acuerdo para el Brexit, pero está preparada para una salida dura del Reino Unido de la Unión Europea. Esa fue la principal conclusión de la reunión de la Comisión Interministerial creada para afrontar la situación y que ayer presidió Pedro Sánchez.
Dada la cercanía de la fecha prevista para la salida, el 31 de octubre, el Gobierno ha decidido implicar a las comunidades en el proceso, con el fin de reforzar la cooperación entre las administraciones, para que éstas sean más eficaces. Con este fin, el Gobierno ha decidido convocar la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, que presidirá la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
En esta recta final hacia el Brexit, el Gobierno también ha decidido incrementar la vigilancia sobre todo lo relacionado con la salida del Reino Unido, y por ello ha creado un grupo de trabajo dependiente de la Comisión Interministerial para el Brexit, que se reunirá todas las semanas “para hacer un seguimiento exhaustivo” de la implementación de los últimos detalles de los planes de contingencia.
El Congreso aprobó en marzo un decreto ley con los Planes de contingencia para afrontar un Brexit sin acuerdo, que incluyen medidas temporales para contrarrestar los efectos indeseados de un Brexit duro, con el objetivo de “preservar los intereses de los ciudadanos y operadores económicos al amparo del derecho de libre circulación”.
Para preservar los derechos de los ciudadanos, el real decreto ley contempla medidas en materia de residencia, trabajadores fronterizos, seguridad social, asistencia sanitaria y de acceso a la función pública y a la universidad. En lo que se refiere a las actividades económicas, los planes de contingencia recogidos en el real decreto ley establecen medidas para atenuar las consecuencias en los servicios financieros, aduanas, contratos del sector público, autorizaciones y licencias para transportes terrestres, etcétera.
Además de estos planes, el Gobierno español firmó con el británico un acuerdo para que los ciudadanos de los dos países puedan ejercer el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales del otro Estado.
Habrá reuniones cada semana para hacer un seguimiento exhaustivo de la ruptura británica