Un juez de Barcelona cita a los mandos policiales del 1-O
La Audiencia pidió investigar a los responsables de las cargas
¿Quién ordenó las cargas policiales el 1-O? La cuestión no pudo ser dilucidada durante el juicio en el Tribunal Supremo, pero otras instancias judiciales intentan poner luz sobre este y otros interrogantes que siguen abiertos casi dos años después. El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que mantiene imputados a 40 agentes por su actuación el 1-O, citó ayer como investigados a los ocho inspectores de la Policía Nacional que dirigieron ese dispositivo para impedir el ejercicio del voto en 27 centros de votación de la capital catalana. Los mandos tendrán que declarar los días 9 y 11 de octubre.
El juez detalla que, atendiendo a una resolución de la Audiencia de Barcelona que le ordena investigar las “concretas órdenes” recibidas por los agentes que actuaron el 1-O en Barcelona, procede citar como imputados a los mandos “directamente responsables de las operaciones concretas” en cada uno de los 27 centros objeto de su instrucción. El juez precisa que los cita en calidad de investigados “para salvaguardar su derecho de defensa”.
Los ocho inspectores jefes fueron los que estuvieron al mando de los dispositivos de la Policía Nacional para impedir la votación en los colegios Jaume Balmes, Ramon Llull, CEIP Diputació, Prosperitat, Centro de Formación de Adultos Freire, Tibidabo, Aguamarina, Victor Català, Agora, Tomas Moro, Escuela oficial de Idiomas, CAP Guinardó, Mare Nostrum, CEIP Mas Casanovas, Escuela Mediterránea, IES Pau Claris, Escuelas Pias Sant Antoni, Estel, Joan Fuster, Fundación Trini Jove, Serveis Centrals d’ensenyament, CEIP Dolors Monserdà, Projecte i Escola Infant Jesús, Els Horts, IES Joan Boscà y CEIP Pau Romeva.
Algunos de los mandos imputados ya comparecieron ante el juez para declarar en su momento por su actuación policial en alguno de estos centros. Ahora deberán dar cuenta de las órdenes que dieron a los agentes bajo su mando sobre el terreno en cada uno de los colegios de los que se hicieron responsables.
En un auto del pasado mes de febrero, la Audiencia de Barcelona resolvió a favor del Ayuntamiento de Barcelona y concluyó que era necesario investigar a los responsables del operativo y las consignas que dieron a los agentes para que el juez instructor pudiera “ponderar” si el uso de la fuerza empleado o si las órdenes dadas “se ajustaron o no a la situación” planteada y concluir si a los mandos se les podían imputar las lesiones ocasionadas.
Según la sección tercera de la Audiencia, se debe llevar a cabo una “completa investigación” de lo sucedido el 1-O para dilucidar si la actuación policial “se limitó a cumplir lo estrictamente ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, empleando la mínima fuerza indispensable, o bien hubo una utilización desproporcionada de la violencia, ya que en ese caso ésta no vendría amparada por el cumplimiento de una orden aún cuando esta sea judicial”. La Audiencia deja claro que aunque “la actuación de los agentes antidisturbios suele ser contundente” no se les puede “otorgar una especie de patente de corso para cualquier acción de violencia” si resulta “innecesaria, desproporcionada y con claro abuso de poder”.
En paralelo, el tribunal de Apelación de Bruselas ha ordenado que se reabra la investigación judicial sobre la supuesta colocación de una baliza de geolocalización en el vehículo que Carles Puigdemont utiliza en Bélgica, anunció ayer la defensa del expresident, que presentó una apelación contra el cierre de la investigación sobre este asunto.
La justicia belga reabre la investigación sobre las presuntas balizas de seguimiento a Puigdemont