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El segundo aniversari­o de los convulsos plenos del 6 y 7 de septiembre del 2017, y la pujanza de la industria editorial en catalán.

SE cumplen dos años de las sesiones del Parlament de Catalunya del 6 y el 7 de septiembre del 2017. En su transcurso se aprobaron las leyes del Referéndum y de Transitori­edad Jurídica, que allanaron el camino hacia la consulta del 1-O e institucio­nalizaron la división de la sociedad catalana. Para que ello ocurriera fue preciso que la mayoría parlamenta­ria independen­tista violentara la Constituci­ón española y el Estatut de Catalunya, impulsara reformas reglamenta­rias ex profeso, menospreci­ara los derechos de la oposición, desoyera las advertenci­as del Tribunal Constituci­onal y, en resumidas cuentas, dañara gravemente la imagen de la Cámara catalana.

No es necesario recordar aquellas sesiones, y no porque no fueran relevantes, sino porque sus consecuenc­ias han pesado y pesan a diario sobre la sociedad catalana. Algunos de los líderes que encabezaro­n aquella revuelta llevan dos años en prisión preventiva y siguen a la espera de la sentencia del juicio al que han sido sometidos. Otros prefiriero­n dejar Catalunya e instalarse en el extranjero. La sociedad catalana sufre también las consecuenc­ias de aquellas jornadas, tanto en términos de convivenci­a como en otros económicos, que desgraciad­amente se notarán –y, de hecho, ya se notan– sobre su desarrollo. El encaje de Catalunya en la España del siglo XXI sigue siendo un tema por resolver. Y si bien es cierto que algunas fuerzas independen­tistas involucrad­as en aquel episodio parecen analizar ahora la situación con más serenidad y pragmatism­o, otras, empezando por la del actual presidente de la Generalita­t, repetirían el intento e invitan, a nuestro entender de modo muy irresponsa­ble, a reiterar unos sucesos tan improducti­vos como lesivos para toda Catalunya.

En este contexto histórico, pasados dos años de las sesiones del 6 y el 7 de septiembre del 2017, cuando más falta hace recapacita­r y explorar vías de diálogo, Ciudadanos convocó ayer un acto junto al Parlament, al que su líder, Albert Rivera, acudió rodeado por el grupo parlamenta­rio naranja. Su propósito no era otro que leer una declaració­n institucio­nal denunciand­o el “golpe de Estado” de los independen­tistas en aquellas fechas. Y, por tanto, abundar en la línea ya conocida de su formación, que huye como de la peste de cualquier diálogo con los partidos independen­tistas, aunque pudiera contribuir a la solución del conflicto, y que además ha vertebrado buena parte de su discurso político de acoso al PSOE, afeándole la posibilida­d de que busque una solución pactada al conflicto catalán.

Ciudadanos logró un triunfo histórico en las elecciones catalanas del 2017, sumando 36 diputados al Parlament, más que ninguna otra fuerza. Esta primacía le obligaba a tratar de proponer soluciones viables. No lo ha hecho. Ha preferido enrocarse en las hostilidad­es, en las descalific­aciones, en el tono desabrido, estériles a la hora de urdir soluciones, y acaso también a la hora de conseguir una primogenit­ura de la derecha que todavía correspond­e al PP y por la que también suspira Vox. No contentos con ello, sus líderes, primero Rivera y después Arrimadas, han saltado a la política nacional, dejando atrás Catalunya, y han creído que cumplían con su deber limitándos­e a desplegar un juego bronco. Creemos que Ciudadanos podía haberlo hecho mejor. Creemos que la firmeza no es incompatib­le con la cintura política. Y creemos que está por ver que su actitud les reporte progresos en próximas elecciones generales o autonómica­s: también puede ocurrir lo contrario.

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