La mafia de pisos turísticos ilegales, al descubierto
Primera investigación penal contra una red que oferta apartamentos turísticos ilegales
Álvaro tiene dos juicios de desahucio por realquilar a turistas una vivienda en la calle Capellans en la que nunca ha vivido y tiene que pagar una multa de 10.000 euros al Ayuntamiento de Barcelona. Debe la misma cantidad al banco ING por un crédito que nunca ha suscrito. Álvaro hace años que vive en Corea del Sur y apenas pisa Barcelona salvo en Navidad. Algo igual de extraño le sucede a Fabián. Sancionado por el Ayuntamiento, afronta una orden de expulsión por realquilar a través de Airbnb un piso en la calle Paloma en el que nunca ha entrado y que, según el contrato de alquiler, comparte con Álvaro, al que no conoce de nada. En la misma finca, hay otro apartamento que se realquila a turistas sin tener licencia para ello. Sobre el papel, el responsable de hacerlo es Martín, un hombre de 40 años, incapacitado por una enfermedad mental. Su firma carece de validez pero, aún así, su rúbrica apareció en el contrato de alquiler de un piso que se subarrienda a turistas y por el cual también tiene una orden de desahucio. El Ayuntamiento también le reclama una multa de 10.000 euros igual que ING, entidad que le concedió un crédito pese a estar desposeído legalmente de la capacidad para hacerlo. Los tres tienen una cosa en común. Perdieron o les robaron el DNI y una trama aprovechó para firmar contratos en su nombre y realquilar pisos a turistas.
Un juez investiga desde hace tres años a una organización que se deel dica al realquiler ilegal a través de la plataforma Airbnb utilizando identidades suplantadas. Los Mossos lo han bautizado como caso Tourist. El sumario al que ha tenido acceso La Vanguardia detalla la primera investigación abierta contra una trama del realquiler de pisos de tipo penal. Este elemento es novedoso ya que la mayoría de los precedentes discurren por la vía civil. El procedimiento habitual es el siguiente: los propietarios ponen una denuncia que, pasados unos meses, culmina con el desahucio, la expulsión del inquilino y la recuperación del piso, pero nada más. Hartos del farragoso proceso, la mayoría se conforma con recuperar el piso pero desiste de denunciar a estas mafias.
juzgado de instrucción 27 de Barcelona investiga a una organización de este tipo. El elemento diferencial es que esta trama suplantaba las identidades y conseguía pedir créditos y realquilar pisos amparados por la opacidad de algunas empresas que operan en internet, como Airbnb, que no respondió a ninguno de los requerimientos del juez. Con la suplantación de la identidad, los estafadores se tornaron invisibles. La instrucción considera que son varias las personas que participaron de la estafa pero sólo se ha podido identificar a una, un barcelonés de 29 años.
El modus operandi partía de la obtención de un DNI perdido o robado. El joven los pudo comprar en el mercado negro. Con aquellos datos, el implicado pedía un crédito a través de una banca online. Presentaba una nómina falsificada de 3.000 euros de una empresa real pero a nombre de la persona suplantada. Con esto burlaba los controles, obtenía el dinero con los que abonaba los gastos para arrendar un piso: la fianza, la comisión de la inmobiliaria, la primera mensualidad y ha
OCULTACIÓN DE DATOS
Un juez investiga a una organización que se ampara en la opacidad de Airbnb
INVESTIGACIÓN LABORIOSA Hay un implicado que usaba DNI robados para evitar las multas por subarrendar pisos
cerse con el arriendo... este era el primer paso. A partir de ahí, ya no se abonaba nada más. El crédito quedaba impagado. Y la mensualidad del alquiler también. Lo siguiente consistía en sacar el máximo rendimiento del inmueble hasta que llegase la orden de desahucio. Se ofertaba en Airbnb para alquilarlo por días a los turistas. Para ver la magnitud de las ganancias basta con comparar los importes. Por un mes de alquiler, el estafador pagó 950 euros. Por dos días cobraba 450 euros. Desplegó las mismas artes para gestionar tres apartamentos o, al menos, estos son los que la investigación ha acreditado.
El plan le funcionó a la perfección durante meses. Siempre eran terceros a quienes pedían explicaciones por los impagos de los créditos y el alquiler mientras sus emolumentos se iban engrosando. Ingresó 48.700 euros en todo el año 2017 que obtuvo mediante cobros por Paypal. Imposible que los obtuviera trabajando porque en su expediente laboral sólo figura un trabajo temporal en una cafetería. El joven lo tenía todo pensado. Se conectaba en redes públicas para que su señal no pudiera ser rastreada e incluso llegó a falsificar la foto que exponía en Airbnb para evitar ser reconocido.
El estafador, junto con una compañera ,abordó a un toxicómano del Raval. Le dieron 50 euros a cambio de hacerle una foto. “Te pareces a Al Pacino y nos gustaría tener una foto de recuerdo”. El hombre, atraído por el dinero, aceptó. La investigación judicial encontró al hombre de la foto, interrogó a los propietarios que alquilaron el piso, revisaron los números de teléfono asociados a las cuentas y preguntaron a Airbnb quién se hallaba detrás de aquellos pisos, pero no hubo respuesta. La investigación se meció en un desierto probatorio. Hasta que hubo un indicio con el que nadie contaba. Una de las inmobiliarias tenía una cámara de seguridad que guardaba la imagen del hombre que realmente se presentó a firmar el contrato.
El juzgado se mantuvo atento para desenmascarar al estafador. Cuando apareció un caso similar, los Mossos vigilaron el inmueble y dieron con él. Al ser detenido, alegó que se limitaba a limpiar los pisos y abría las puertas a los turistas siguiendo las órdenes de un jefe que nunca apareció. El hombre fue detenido y quedó en libertad el mismo día. Está imputado por tres delitos de estafa, de falsedad documental y de usurpación de la identidad.
Fuentes jurídicas advierten de que, a pesar de que no todos los miembros de la trama hayan podido ser identificados, este caso puede servir de punto de partida para localizar los fallos del sistema y actuar con más premura. Ahora ya conocen cuáles son las debilidades que han desembocado en una nueva modalidad delictiva.
Álvaro, Fabián y Martín siguen intentado cerrar unas cuentas bancarias abiertas que están a su nombre pero que no son suyas. Mientras, las sanciones del Ayuntamiento han quedado paralizadas después de que el juez alertase de esta práctica al Consistorio.