Jesús Aguirre
Más de 200 afectados, tres muertes y siete abortos tras el fracaso de la prevención
CONSEJERO DE SALUD DE ANDALUCÍA
La crisis por la listeria, con tres muertes, 200 afectados y siete abortos, evidencia la mala gestión de la Junta. El titular de Salud tardó varios días en dar la alerta y, cuando lo hizo, escondió unas horas el nombre de la empresa responsable.
Si algo no esperaban el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y su consejero de Salud, Jesús Aguirre, es que apenas siete meses después de su toma de posesión les fuera a estallar en las manos una de las más graves crisis que pueden alarmar a los ciudadanos, una crisis de salud pública.
La infección por listeriosis más importante ocurrida en España, que ha afectado al menos a 218 personas, con tres muertos y siete abortos confirmados, saltó a la opinión pública justo en mitad del mes de agosto, en los días donde más fiestas se celebran en todo el territorio, donde más se come y se bebe. Una bomba que intentan desactivar con mayor o menor acierto.
Rubén Sánchez y la organización Facua-consumidores en Acción se han esforzado por sacar los colores a las autoridades durante toda la crisis. No en vano, fueron ellos quienes dieron a conocer públicamente el nombre de la empresa causante del problema cuando la Consejería de Salud lo escondía.
A finales de agosto, Facua señalaba diez puntos en los que la actuación de las autoridades había sido francamente deficiente. Entre otros, destacaba su tardanza en decretar la alerta sanitaria; la defensa inicial de la empresa responsable; los días que se perdieron mientras productos de Magrudis seguían a la venta; dejarse engañar por los propietarios
de la firma, que ocultaron que distribuían sus productos al menos a otra firma que los ponía en el mercado sin etiqueta; o descartar la posibilidad de que se pudiera producir una contaminación cruzada.
Tras las primeras declaraciones triunfalistas, las autoridades de la Junta se han instalado en una posición más realista. Se pasó de “nuestra gestión ha sido excepcional” o “la Junta está escribiendo una nueva página en el combate contra la listeria en España y el mundo”, al más moderado “lo hemos hecho razonablemente bien” o “cometimos algunos errores de comunicación al principio”.
La crisis de la Listeria monocytogenes es especialmente adversa para Moreno Bonilla y sus socios de Ciudadanos, que utilizaron como munición electoral contra Susana Díaz la degradación de la sanidad andaluza en los últimos años, una realidad constatable para cualquier persona que necesitaba utilizar el sistema público de salud en Andalucía. Más allá de las multitudinarias protestas organizadas por el pintoresco doctor granadino Jesús Candel Spiriman, que se convirtió en una pesadilla para Díaz, la joya de la corona, como la definía la expresidenta constantemente, había entrado en un periodo de franco declive.
Desde su llegada al palacio de San Telmo la sanidad ha sido el terreno escogido por los actuales dirigentes de la Junta para demostrar “la realidad y el valor del cambio”, tras casi cuarenta años de gobierno socialista, pero su “torpeza e inexperiencia en el manejo de una crisis de este calado les ha desenmascarado demasiado pronto”, señalan fuentes socialistas, ahora en la oposición. “La realidad de lo que se va conociendo parece demostrar que, más allá de sonoras frases exculpatorias, la gestión de la Junta ha dejado mucho que desear”, aseguran fuentes de las organizaciones de defensa de los consumidores.
Si hubiera que reducir a tres los errores más importantes cometidos en la gestión sanitaria de la crisis se podrían destacar el tiempo perdido en comunicar la alerta sanitaria, cuando ya desde mediados de julio se sabía que se estaba produciendo un incremento anómalo de los casos de listeriosis en Andalucía; la tardanza y el deseo de proteger a la empresa respon
REACCIÓN TARDÍA
La alerta no se dio hasta el 15 de agosto pese al aumento de casos de listeriosis en julio
LA SANIDAD, ARMA POLÍTICA El nuevo Gobierno de la Junta había presumido hasta ahora de la mejora de la sanidad andaluza
sable, que ocultó a las autoridades información esencial para haber atajado el problema antes; y, por último, el tiempo perdido en modificar los protocolos para atender a las mujeres embarazadas, que ha sido el grupo de riesgo más afectado, con siete abortos confirmados y decenas de mujeres hospitalizadas.
A pesar del repunte de casos desde julio, no es hasta el 5 de agosto cuando el Gobierno andaluz es consciente de que se está produciendo un brote. La intoxicación de una familia en la localidad sevillana de
Pilas enciende definitivamente las alarmas. Se inmovilizan los alimentos consumidos y se toman muestras para su análisis. Pero las muestras tardan tres días en llegar al laboratorio municipal de Sevilla, la administración que tiene la competencia en materia de salud pública, para su análisis. Un día más tarde, el laboratorio comunica por teléfono a la Junta la existencia de listeria en una carne mechada de las dos muestras que le fueron enviadas.
A partir de aquí se produce un confuso cruce de acusaciones entre Junta y Ayuntamiento, cuyo resultado es que hasta el día 14 no se puede confirmar que la carne afectada es la de la marca La Mechá. El 15 se comunica la alerta sanitaria por contaminación de la carne mechada, pero la Consejería no revela su nombre. Tiene que ser Facua la que, a través de sus investigaciones, revele que se trata de la fabricada por Magrudis. Todo un enredo en el que se pierden varios días.
Día tras día se fueron conociendo irregularidades de la empresa. El oscuro pasado de su propietario real, que emprendió con anterioridad negocios ruinosos que tuvo que abandonar asaltado por las deudas, salió a la luz junto a datos como que la empresa carecía de licencia de actividad; que había acometido unas obras de ampliación sin permisos ni revisiones posteriores; que llevaba dos años sin haber pasado ninguna inspección oficial; y que ocultó a las autoridades sanitarias información esencial sobre el número real de productos que comercializaba, lo que retrasó la inmovilización preventiva.
Está por aclarar si los controles de autorregulación a los que estaba obligada la empresa Magrudis, al estar catalogado su riesgo sanitario como categoría C, se llevaron a cabo. La ley la obligaba a realizar exámenes periódicos que, a su vez, controlaba la Administración. Pero no se sabe si todo estaba en regla. El Colegio de Veterinarios apunta directamente a fallos en los sistemas de control interno o bien a la ausencia de control de ningún tipo. La empresa asegura que los últimos controles se realizaron a finales de julio y dieron negativo por lo que “estamos en estado de shock porque no nos explicamos lo sucedido”, señala José Antonio Marín Ponce, su gerente al menos sobre el papel.
A pesar de que las embarazadas han conformado el principal grupo de riesgo y el más afectado, la Junta ha tardado más de dos semanas en modificar el protocolo de actuación. Se decidió que todos los médicos de la sanidad pública y privada contactaran con las gestantes a su cargo para determinar si habían consumido o no productos de Magrudis y, en caso afirmativo, someterlas a un tratamiento preventivo con amoxicilina.
Ya el mismo día 17, un día después de la alerta, se supo que una mujer había perdido el hijo que esperaba en Sevilla y el análisis de la placenta había dado positivo por listeria. Desde entonces son siete los casos conocidos, seis en Andalucía y uno en Madrid. Facua tiene en su poder la denuncia de una mujer que asegura haber sufrido un aborto ya en el mes de febrero después de que ella, su pareja y varios amigos hubieran consumido carne La Mechá en Nochevieja. Sanidad no confirma esta supuesta incidencia y está a la espera de los análisis oficiales.
La crisis de la carne mechada se estabiliza en cuanto al número de afectados, pero no en sus consecuencias políticas. Los partidos del Gobierno andaluz tuvieron que plegarse a la imposición de Vox de que la Consejería de Salud pasara a ser también de las Familias. Una decisión que se tradujo en la eliminación de lo que hasta ahora había sido una secretaría general de Salud Pública y Consumo para pasar a convertirse en una simple dirección general. Tras lo sucedido, quizá el PP y Ciudadanos han echado de menos a un secretario general que hubiera asumido toda la responsabilidad.