La competencia desleal de las tres derechas
En su toma de posesión, la ya presidenta de la Comunidad de Madrid por la gracia de Vox, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba la que dice sería “la mayor bajada de impuestos de la historia”. Lejos de ser novedoso, el anuncio cumple con el ritual de sus antecesores en el cargo, todos procedentes de su propio partido aunque ella ahora dice casi no conocer.
La “histórica” bajada fue anunciada también por Cristina Cifuentes, implementada por su sucesor, Ángel Garrido tras la anterior promesa “histórica” del pluriimputado Ignacio González. Y todos ellos siguiendo el ejemplo inicial de la ahora también imputada Esperanza Aguirre.
Las tres derechas presentan al nuevo Gobierno regional como ejemplo de lo que quieren para España.
Un Gobierno que, ya por lo pronto, pone como consejero de Justicia a un juez recusado de los casos Gürtel y Bárcenas y condenado por conducir su moto sin casco, duplicando la tasa de alcoholemia permitida y saltándose un semáforo. Un nombramiento al que acompañan otros de cargos en anteriores gobiernos. Sin duda un claro mensaje de renovación. Todo ello en coalición con Ciudadanos, cuya mayor transformación política ha sido al final cambiar el carné de afiliado del expresidente Garrido.
La nueva rebaja impositiva es otra vuelta más en su populismo fiscal de siempre. La cuestión en realidad no es si más o menos impuestos, sino para financiar qué y sobre quiénes recaen. Al respecto de lo último, alguna pista nos da que los grandes patrimonios no paguen nada, que las herencias estén bonificadas al 99% aunque sean millonarias, o el que sea la comunidad con menor gravamen a las rentas altas (43,5% de tipo impositivo máximo, seguida por Castilla y León, con un 44%, a la espera de las rebajas fiscales anunciadas por su presidente, Fernández Mañueco).
En cuanto a financiar qué, hay que tener en cuenta que la mayor parte del gasto social corre a cargo de las comunidades autónomas, por lo que menos ingresos implican menos dinero para salud, educación y servicios sociales. La otra cara de la moneda de esas rebajas tributarias es que la región más rica tenga el gasto sanitario más bajo de España. O que sea la comunidad con menor gasto público en educación por alumno, con una inversión un 19% menor que la media, mientras es la segunda con mayor porcentaje de centros concertados y privados. No por casualidad es también donde las familias más pagan en educación por alumno. Porque las bajadas de impuestos implican recortes sociales y mayor gasto para los hogares.
Las “históricas” rebajas fiscales en Madrid implican las caídas de techos en sus hospitales públicos, la segregación social en sus escuelas, ser la región con la mayor brecha entre ricos y pobres de Europa o registrar la mayor desigualdad infantil de España. Bajar impuestos, no lo olvidemos, supone siempre menos recaudación y más recortes. O más deuda ahora y más impuestos después para financiarla. Al respecto, la deuda pública madrileña ha subido un 5% interanual en el primer trimestre del 2019.
Una segunda cuestión obviada por las tres derechas es la insolidaridad que supone esa competencia desleal para el resto. Como bien señalaba el presidente valenciano, Ximo Puig, “no puede haber competencia fiscal entre autonomías ni ‘paraísos fiscales’”. Por ello, la mal llamada competencia fiscal sólo beneficia a Madrid, y más concretamente a las rentas más altas.
Sin duda, se hace necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica que afronte los problemas de infrafinanciación de algunos territorios. Pero también una armonización fiscal que permita reforzar la cohesión social y la solidaridad entre españoles, respetando siempre el autogobierno.
Esa fue una de las conclusiones del PSOE en su 39.º congreso, en el 2017, y habrá de ser la apuesta para un gobierno progresista, junto con el resto de grupos parlamentarios que aspiren a un país más justo, democrático y socialmente avanzado, con un Estado de bienestar capaz de blindar derechos universales de ciudadanía.
La política de la heredera de las imputadas Aguirre y Cifuentes en Madrid, con el apoyo de Cs, sólo favorece a las rentas altas