Una crisis mal gestionada
EL pasado día 27 de agosto nos preguntábamos en este mismo espacio editorial “por qué las autoridades responsables (de la Junta de Andalucía) se demoraron en dar la alerta sanitaria sobre la epidemia (de listeriosis) y no lo hicieron hasta el 15 de agosto, cuando la contaminación alimentaria era evidente y ya había más de cuarenta afectados. Y, lo que resulta más sorprendente, no se percataron hasta el 23 de agosto de que había unas partidas de carne de la misma empresa involucrada en la contaminación sin etiquetar y que se vendían en diversos establecimientos en forma de marca blanca”.
Lamentablemente, desde ese día 27 de agosto la epidemia por listeriosis se ha expandido en Andalucía, ha obligado a lanzar tres alertas y ha puesto seriamente en duda la gestión sanitaria efectuada por la Junta. Han sido tres los errores más graves cometidos por las autoridades andaluzas: el tiempo perdido en comunicar la alerta sanitaria –desde julio se sabía que habían aumentado anómalamente los casos de listeriosis–; el retraso y la intención de proteger a la empresa responsable, que ocultó información a las autoridades, y el tiempo perdido en cambiar los protocolos para atender a las mujeres embarazadas afectadas, siete de las cuales han abortado.
Tampoco la gestión mediática ha sido muy ejemplar: el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, no compareció hasta trece días después del inicio de la crisis, tras pasar sus vacaciones en Málaga y Galicia.
La infección por listeriosis más importante ocurrida en España, que hasta ahora ha afectado a 218 personas, con tres muertos y los siete abortos confirmados, es la consecuencia del fracaso de la prevención. La alerta no se dio hasta el 15 de agosto pese al aumento de casos en julio, y la Junta de Andalucía se dedicó a efectuar declaraciones
triunfalistas hablando de “gestión excepcional” de la crisis porque desde que llegaron al poder PP y sus socios de Ciudadanos no habían dejado de sacar pecho sobre la mejora de la sanidad andaluza respecto de la etapa de la socialista Susana Díaz. Además, el 15 de agosto se lanzó la alerta alimentaria, pero la Junta escondió el nombre de la empresa que elaboraba la carne contaminada, Magrudis, y tuvo que ser la organización de consumidores Facua la que hiciera público el nombre de la fábrica.
Y poco a poco han ido apareciendo también datos poco claros sobre Magrudis, desde el oscuro pasado de su propietario real hasta la falta de licencia de actividad, la realización de obras de ampliación sin permisos y que en dos años no había pasado ni una inspección oficial, pasando por que ocultaron a las autoridades sanitarias información real sobre cuántos productos comercializaba, lo que retrasó su inmovilización preventiva.
La epidemia parece haberse estabilizado, pese a que hasta el viernes se habían lanzado otras dos alertas por listeriosis, en la empresa gaditana Sabores de Paterna y en la malagueña La Montanera del Sur. Pero sus consecuencias políticas pueden ser importantes. La gestión de la Junta ha dejado mucho que desear. Ante cualquier epidemia alimentaria, la inmediatez en la reacción es básica porque puede salvar vidas. La Junta de Andalucía deberá revisar sus protocolos de actuación y de control de calidad de los alimentos y no escudarse, como ha hecho, en un cruce de reproches con el laboratorio que hizo los análisis, dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, en manos socialistas. Por imposición de Vox, la Consejería de Salud andaluza no tiene una secretaría general de Salud Pública y de Consumo, que hubiera podido asumir la gestión directa de la crisis. Simplemente lamentable.