Entidades sociales exigen liderazgo y medidas a largo plazo para los ‘menas’
El sector social pide medidas a largo plazo para encarrilar la autonomía de los jóvenes migrantes
Las entidades sociales implicadas en la acogida de los menores inmigrantes no acompañados, conocidos como menas, consideran que la administración ha afrontado hasta ahora su situación desde el punto de vista de la emergencia, pero que se deben buscar soluciones a medio y largo plazo. Para ello, reclaman un liderazgo político más nítido y activo.
Dos años después del notable incremento de llegadas de menores migrantes no acompañados a Catalunya, la Administración sigue sin aplicar una mirada a largo plazo, sin promover los planes formativos necesarios ni tampoco el acceso al mundo laboral para facilitar la autonomía de estos jóvenes. Las políticas son cortoplacistas, en cierta manera de cara a la galería, sin una coordinación ni planificación más allá de las medidas para “parar el golpe” y, sobre todo, sin liderazgo. Esta es la síntesis de la mesa redonda celebrada el martes en La Vanguardia con la participación de representantes de seis entidades y asociaciones especializadas en la atención de los denominados menas (menores extranjeros no acompañados).
La opinión unánime es que durante los dos últimos años el trabajo de la dirección general de Atenció a la Infància i l’adolescència (DGAIA) se ha centrado en contener la emergencia, una fase que ya debería estar superada. El reto es afrontar una actuación mucho más ambiciosa y desde diferentes frentes para que los adolescentes encarrilen un futuro alejado de la calle.
“El tema de la emergencia ya dura demasiado, es necesario trabajar a medio y largo plazo. Estos chicos han puesto en evidencia un circuito de protección fallido”, alerta Isard Font, vocal del Col·legi d’educadors i Educadores Socials de Catalunya (Ceesc).
Las últimas cifras hechas públicas por la DGAIA indican que este 2019 Catalunya ha contabilizado 1.700 nuevos jóvenes que elevan a 4.269 el número de migrantes tutelados, el 86% de los cuales tienen entre 16 y 18 años. El ritmo de llegadas este año es inferior al del pasado, cuando hubo un total de 3.703 frente a las 1.426 del 2017.
La diligencia es vital. No cabe perder el tiempo pues en un elevado porcentaje de casos empiezan a ser tutelados a los 16 o 17 años con poco margen para culminar a los 18 un proceso de adquisición de las habilidades más elementales y del conocimiento de la lengua. “Debe realizarse desde el principio un trabajo más intensivo con el joven, vamos tarde y ya se veía venir. Sí, tenemos la ‘Estratègia catalana per a l’acollida’, que plantea una diversidad de acciones, pero no veo que se fijen prioridades, debería determinarse qué es lo primero y qué recursos se ponen. Y esto también quiere decir coordinación, porque ahora es un caos. No dudo de la buena voluntad pero hay actuaciones políticas que sólo son para quedar bien”, opina Rosa Balaguer, directora general del Casal dels Infants.
El mantra de las personas que trabajan día a día en el acompañamiento de niños y adolescentes migrantes es acabar ya con “la falta de agilidad entre los departamentos de la Generalitat, es necesario un plan interdepartamental, no sólo es responsabilidad de la DGAIA”, subraya Loli Rodríguez, portavoz de ECAS (Entitats d’acció Social) en la Aliança per a Joves Migrats.
Balaguer pone de relieve que debería disponerse de un mínimo de entre 18 y 24 meses para culminar un itinerario formativo y trabajar la autonomía, misión prácticamente imposible en no pocos casos por la multitud de escollos que asoman durante el camino y por los escasos recursos.
Los participantes en la mesa redonda recuerdan que los jóvenes que han sido tutelados por un período inferior a los tres años sólo tienen derecho a seis meses adicionales de prestaciones, un período insuficiente para intentar
MESA REDONDA
Seis expertos reclaman más coordinación entre los departamentos de la Generalitat
LAS NECESIDADES
Son necesarios un mínimo de 18 meses para trazar un itinerario formativo
culminar la inserción. “Es una carrera de obstáculos. Si vienen aquí es porque quieren formarse pero el sistema educativo no está preparado”, indica Rita Grané, directora de Punt de Referència. Los que llegan con los 16 años cumplidos y sin tener la secundaria cuentan con escasas oportunidades para acceder a un grado medio, un objetivo todavía más complicado por el desconocimiento del castellano y/o catalán. Además, las clases de idiomas destinadas a este colectivo piden a gritos una reforma para adaptarse a las capacidades de los alumnos, coinciden en afirmar los participantes. “Hay pocos cursos intensivos pensados para personas con niveles bajos de escolarización”, añade Grané.
En su día a día las entidades topan con obstáculos de todo tipo. Desde hacer malabares para llegar a final de mes por los retrasos de los pagos por parte de la DGAIA hasta no poder ofrecer la asistencia a cursos con financiación pública a los menores que no aportan documentación. Loli Rodríguez recuerda que los trámites para determinar la edad de niños y adolescentes migrantes, competencia de la Fiscalía de Menores, se demoran entre tres y cinco meses.
Los problemas asoman de todos lados y demasiadas veces la respuesta se traduce en poner parches, en improvisar, en anunciar centros que por un problema u otro no llegan a abrirse. Apesar de la disminución del ritmo de llegadas en comparación con el año pasado, las entidades constatan que se les pide vaciar los pisos en los que viven chicos de 21 años para ceder sus plazas a los que cumplen los 18. La DGAIA ha calculado que durante el 2019 más de 1.500 menores alcanzarán la mayoría de edad y deberán ir dejando los centros.
“En esta última fase estamos viendo cómo la situación de emergencia en los centros de primera acogida ya la tenemos en los pisos para los que cumplen 18 años”, remarca Ferran Rodríguez, miembro de la delegación catalana de la Federació d’entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA).
“Es necesario abrir más dispositivos pensados en la emancipación. Con el incremento de las llegadas se han puesto de manifiesto problemáticas que ya existían y se han tensionado los centros, cabe diseñar un modelo más integral y flexible, con nuevas miradas”, considera Xavier Dachs, miembro de la comisión de jóvenes migrantes de la Fedaia.
Y uno de los daños colaterales es que todo este caos ha propiciado que cale un discurso xenófobo. Grané recuerda que incluso la propia comunidad marroquí de Catalunya rechazó participar en la acogida de menas. “Su respuesta fue que no querían saber nada de ellos, que eran unos delincuentes”.
“Hay muchas barreras, la gente piensa que los niños están en la calle porque quieren, se ha creado una visión que no es real”, apunta Balaguer. La ley de Extranjería, reiteran las entidades, es otro obstáculo que limita las posibilidades de integración pues deben transcurrir un mínimo de tres años para que, por la vía del arraigo social, los jóvenes puedan optar a los papeles y un trabajo, siempre y cuando tengan la oferta de un contrato de un año.
Si Catalunya es una de las comunidades que acoge a más menores también es el destino preferido de los extutelados pues aquí hay una red de entidades que no existe en otras zonas de España, subraya la directora del Casal dels Infants. “Es necesario –añade Balaguer– acudir a Madrid y a Europa, no puede ser que las prestaciones sean diferentes en Catalunya, Madrid, País Vasco o Andalucía, falta solidaridad, por eso debemos pedir a Madrid un trabajo coordinado y compartido”.
Los participantes también entonaron el mea culpa para asumir que las entidades a veces no han ido de la mano a la hora de reclamar soluciones. “Desde el Ceesc consideramos que no hemos sido capaces de hacer un frente común, la Administración está dañando un oficio, una profesión, y eso afectada a los niños. Además, hacen falta más educadores de calle y más trabajo en red, pero a veces hay recelo a la hora de compartir información”.
EL LAMENTO Demasiadas veces la respuesta se traduce en poner parches, en improvisar
AUTOCRÍTICA
Las entidades asumen que a veces no han ido de la mano a la hora de reclamar soluciones