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Las soluciones que plantea el tercer sector ante la problemática de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Catalunya, y las consecuencias, cuatro años después, del escándalo del dieselgate.
LA Vanguardia convocó el martes una reunión con representantes de entidades del tercer sector interesadas por la suerte de los menores extranjeros no acompañados (menas) que llegan a nuestro país, sin padres ni personas que los tutelen, y quedan en una posición de desamparo y riesgo.
La situación de estos menores de 18 años, por lo general procedentes de los países del Magreb, requiere atención, en primer lugar, por motivos humanitarios. Pero también por razones de seguridad. El pasado junio se publicaron por primera vez cifras que cuantificaban la actividad delictiva de los menas. Se supo entonces que el 39% de los menores que estaban privados de libertad en Catalunya por comisión de delitos, entre ellos robo con violencia, eran menas.
Hasta la fecha, las políticas oficiales respecto a los menas han sido, en términos generales, insuficientes. El fenómeno se aborda todavía con criterios de emergencia, pese a que es de características endémicas. Se interviene en los momentos de crisis y, en último extremo, se aplican recursos policiales. Pero no se planifica ni se trazan las políticas que podrían ser satisfactorias a medio y largo plazo: las que permitirían encaminar a los menas, durante los años previos a su mayoría de edad, hacia la autonomía y la integración social.
Por desgracia, no es este un asunto que vaya a la baja o que se resuelva por sí mismo. En el 2017 la cifra de llegadas de menas se duplicó respecto al año anterior. En el 2018, volvió a duplicarse, de largo, y la situación fue caótica. Según las cifras disponibles respecto a los primeros meses del 2019, el número de llegadas sigue siendo alto. Se hace difícil cuantificar el total de menas
que hay en España, aunque quizás sean entre 12.000 y 13.000, siendo Catalunya la comunidad que alberga a más, aproximadamente un tercio del total. Urgen, por todo lo dicho, unas líneas de actuación a largo plazo.
La receta de los representantes del tercer sector, que por su actividad conocen de primera mano la realidad de los menas, puede resumirse en tres puntos: presupuesto, coordinación y liderazgo.
Sobre el primer punto no hace falta abundar mucho: toda política necesita recursos para implementarse, y esta no iba a ser la excepción. El segundo y el tercer punto nos indican que las fuerzas que tratan de mejorar el futuro de los menas, públicas o privadas, no actúan al alimón ni provistas de un liderazgo definido.
El desafío de los menas no es poca cosa. Llegan a menudo con 16 o 17 años, y a esa edad pueden beneficiarse todavía del auxilio de ciertas entidades. Hay que subrayar que en Catalunya, donde el tejido asociativo es fuerte, tales entidades pueden ofrecer un mejor servicio que el que se da en otras partes de España. Pero una vez cumplidos los 18, los menas pierden tutelas oficiales, a menudo sin haberse formado aún, y aumenta el riesgo de verlos abocados a la calle y la delincuencia.
Las entidades del tercer sector sostienen que eso podría evitarse, al menos en parte, con nuevas políticas. Habría, dicen, que mejorar los planes educativos para este colectivo, nada fáciles, puesto que suelen llegar a una edad adolescente y con escasa formación, siendo incompatibles con el sistema escolar general. Habría también que mejorar sus planes de acceso al mundo laboral. Y todo eso requeriría, como apuntábamos, más recursos, coordinación y liderazgo. Cabe la posibilidad, claro, de no hacer nada. Pero eso, lejos de contribuir a resolver el problema, lo agravaría.