Hora de rendir cuentas
El expresidente del Barça prepara una demanda por sus 21 meses en prisión preventiva
Tras permanecer 21 meses en prisión preventiva y ser absuelto de todos los cargos, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell demandará al Estado por lo que considera un funcionamiento anómalo de la justicia, exigiendo a cambio una indemnización que, de conseguirla, tiene previsto donar a las personas que no puedan pagarse una defensa con garantías.
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a través de su equipo de abogados, prepara una demanda contra el Estado por permanecer 21 meses en prisión preventiva y ser absuelto de todos los cargos. Investigado por unos indicios que después no se pudieron demostrar durante el juicio, Rosell ha decidido pasar a la acción según adelantó ayer el diario Abc. La defensa del empresario fundamentará esta demanda en el anómalo funcionamiento de la administración de justicia. Según ha podido saber La Vanguardia, el objetivo de Rosell es que el Estado le indemnice, pero la cantidad que consiga será donada a las personas sin recursos que no pueden pagarse una defensa con garantías ante casos similares.
El expresidente del FC Barcelona entre los años 2010 y 2014 permaneció 643 días en prisión preventiva. Casi dos años, entre el 25 de mayo del 2017 y el 27 de febrero del 2019, con dos días transcurridos después del comienzo del juicio. El juez justificó este largo periodo de prisión preventiva, sin precedentes en nuestro país en casos de delitos económicos, por presunto riesgo de fuga.
La Fiscalía sostenía que Rosell había blanqueado entre el 2006 y el 2011 comisiones ilegales vinculadas a los derechos audiovisuales de la selección brasileña. Finalmente, el tribunal descartó que hubiera cometido blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, delitos de los que se le acusaba.
El pasado mes de julio se convirtió en firme la absolución de Rosell, una vez que la Fiscalía renunció a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Antes, el 24 de abril, la Audiencia Nacional había acordado la medida al no considerar acreditadas las acusaciones de corrupción, algo que ratificaría la sala de apelación el 3 de julio, cuando rechazó el recurso de la Fiscalía.
Ahora Rosell y su defensa, representada por el abogado Pau Molins, reclamarán una compensación económica tras el, a su entender, deficiente funcionamiento de la administración de justicia.
LA INDEMNIZACIÓN
Si gana el recurso donará lo recaudado a las personas que no pueden pagarse una defensa