Torra se enfrenta de nuevo al TSJC y no retirará la pancarta de Palau
El president se niega a acatar la orden porque “vulnera la libertad de expresión”
La sala de lo contencioso administrativo del TSJC ha ordenado al presidente Quim Torra retirar la pancarta del Palau de la Generalitat de apoyo a los presos independentistas en un plazo de 48 horas. La sala ha aceptado la medida cautelar que constaba en una demanda presentada el pasado 27 de mayo por la entidad antiindependentista, Impulso Ciudadano, que lidera el exdiputado de Ciudadanos José Domingo. La asociación alegó que la exhibición de la pancarta y los lazos vulneraba ”el deber de objetividad de cualquier administración pública”, argumento que también esgrimió una sentencia del TSJC en el 2016 que estableció que la exhibición de una estelada en un edificio público iba en contra de la “neutralidad institucional”.
El president de la Generalitat respondió que “no retirará la pancarta” al considerar que “se trata nuevamente de una vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y de opinión”. El margen de 48 horas establecido por el tribunal empezará a contar cuando Torra sea notificado, presumiblemente el lunes, con lo que el plazo quedará agotado el miércoles. En este tiempo, el president anunció que presentará un recurso que, sin embargo no paralizará la medida cautelar que le obliga a descolgar la pancarta. La nueva orden dictada por el TSJC puede abrir un nuevo pulso entre la justicia y el president, e incluso un nuevo frente judicial, como el que ya vivió en abril y que supuso el inicio de una causa por desobediencia que está pendiente de juicio. De hecho, la vista oral estaba prevista para el miércoles y jueves que viene, pero el TSJC ha decidido aplazarlo hasta el 18 de noviembre porque “es materialmente imposible” resolver las recusaciones que propuso Torra para apartar de la causa a los magistrados Jesús María Barrientos, presidente del TSJC y Mercedes Armas, la juez que dirigió el dispositivo policial del 1-O. El president argumentó que ambos participaron de la admisión a trámite de la querella y no eran imparciales. Sin embargo, la resolución de las recusaciones está avanzada. Fueron admitidas a trámite y, ayer, Carlos Ramos, el magistrado que se encarga de redactar un primer informe y elevarlo a un tribunal especial planteó que los argumentos de Torra fueran rechazados al entender que lo único que pretende es “retrasar” la fecha del juicio.
En el mismo auto, el magistrado denegó la aceptación a trámite de la recusación presentada contra él. El president también la solicitó al entender que tenía vínculos estrechos con el PSC puesto que fue nombrado
El tribunal pospone el juicio al president al 18 de noviembre para tener margen para estudiar la recusación
a propuesta de los socialistas. El magistrado recalca que fue designado magistrado a propuesta “mayoritaria” del Parlament con “escrupuloso cumplimiento a la ley” y recuerda que formó parte del tribunal que condenó por tráfico de influencias al exnúmero 2 del PSC, Daniel Fernández.
El aplazamiento del juicio al noviembre puede favorecer la asistencia de Torra que dejó entrever que no acudiría a la vista de la semana que viene ya que coincidía con el debate de política general en el Parlament.