Hacienda saldará la deuda con las autonomías semanas antes del 10-N
Ahora sí. Justo a unas semanas de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre, el Estado saldará la deuda que lleva arrastrando desde hace meses con los gobierno autónomos.
Las comunidades gobernadas por el PP pero también, entre otros, el ejecutivo catalán –que fue el primero en salir a denunciar la crisis de la deuda– expresaron su malestar al conocer esta noticia. A todos les parece una maniobra electoralista.
Queda por ver, además, cómo se materializa el compromiso de la administración central para saldar lo pendiente y si lo anunciado por Hacienda a través del diario El País liquida el total del dinero que reclaman las administraciones autonómicas o sólo una parte. Por ahora nadie conoce esos detalles.
En su anuncio el Gobierno asegura que va a pagar 4.500 millones mientras que las comunidades estiman que la deuda ronda los 7.000 millones, una diferencia colosal.
Pero, al margen de la precisión de las cifras, lo cierto es que no se explica muy bien por qué motivo lo que hasta esta misma semana era jurídicamente imposible ahora resulta practicable.
De hecho, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero insistía en los pasillos del Congreso el pasado miércoles en que no era fácil resolver el entuerto sin correr riesgos legales.
El problema consistía hasta ahora en que un gobierno en funciones no puede gastar el dinero que le corresponde gestionar al nuevo ejecutivo. Y esa era precisamente la naturaleza de la deuda contraida por la Administración central con las comunidades: son anticipos a cuenta de los ingresos de este año. La Abogacía del Estado en un rotundo informe avaló la tesis de la inviabilidad jurídica para saldar estos adelantos.
Precisamente este informe le sirvió al Gobierno para no pagar mientras estuvo en curso la negociación de la investidura ya definitivamente fracasada. Cada vez que a la ministra
Casado considera que el Gobierno central libera este dinero ahora para “comprar voluntades”
Montero se le preguntaba cuándo iba a resolver esta crisis que estaba obligando a las comunidades a recortar sus gastos, ella respondía que la solución pasaba por que el resto de partidos facilitaran la investidura. En suma, pedía a los barones territoriales, en especial a los de PP y Ciudadanos que presionaran a sus líderes para que facilitaran la constitución del Gobierno.
No obstante Montero siempre negó que el origen de la crisis de la deuda fuera una fórmula de presión política. Los otros partidos, en cambio, no lo veían así.
Desde ahora la oposición tiene nuevos argumentos para fundamentar su convicción de que detrás de esta crisis de la deuda hay una maniobra política: un día después de que se de por definitivamente descartada la investidura, Hacienda anuncia que ya puede pagar y que lo hará en el plazo de diez días.
De ahí que Pablo Casado, el líder del PP lamentara la situación y acu
sara a Montero de tratar de “comprar voluntades”. También se quejaron el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y el president de la Generalitat, Quim Torra.
Un damnificado de este sorprendente giro de la crisis de la deuda es también un compañero de partido de la ministra, el presidente valenciano Ximo Puig que esta misma semana arrancó el compromiso de Montero para obtener un anticipo a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómica. En total, 250 millones, una cantidad menor que a Puig le servia para salvarse de las críticas de sus socios. Ahora Montero anuncia el desbloqueo de los pagos sin dar cuentas a nadie.
El Govern catalán por su parte dejo dicho ayer que más allá del anuncio de Hacienda no saben nada de modo que, y mientras las cosas no cambien, mantendrán la demanda judicial que interpusieron hace unas semanas para reclamar su dinero.