Iniciativa para proteger por ley el comercio singular
Doce de los 209 establecimientos incluidos en el catálogo de emblemáticos han cerrado
El Ayuntamiento de Barcelona quiere detener el goteo de cierres de establecimientos emblemáticos de la ciudad. Comercios que aportan una identidad especial a las calles y que tienen dificultades para sobrevivir debido al incremento de las rentas de alquiler de los locales o las dificultades que existen para garantizar el relevo generacional. La vía que está dispuesta abrir el equipo de gobierno es promover un cambio en la ley de Patrimoni Cultural para proteger la actividad económica de estos negocios, ya que hasta ahora la preservación del contenido y el continente, mediante un plan especial urbanístico municipal, ha resultado insuficiente.
En el 2016 se elaboró un catálogo de protección de comercios emblemáticos ya fuera por su historia, su valor patrimonial o por la singularidad del negocio, en el que se incluían 209 establecimientos. Según el último recuento elaborado por el Ayuntamiento, desde entonces doce de ellos han cerrado, seis han cambiado de ubicación y otros diez de actividad, aunque están situados en el mismo local protegido. El último a incorporarse a la lista de afectados por la bajada de persianas y aún no está contabilizado por el Consistorio es la granja Vendrell, que después de cien años de vida, cerrará el próximo día 30 de este mes por la jubilación de sus propietarios.
La vía que está dispuesta a explorar ahora el equipo de gobierno formado por Bcomú y el PSC –la protección de la actividad– nace de un informe encargado en el anterior mandato a la facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (UB). Anteriores estudios municipales habían desestimado esta opción, a pesar de que era una práctica común y que ha funcionado con éxito en otras ciudades europeas como París o Berlín, que han logrado preservar el comercio histórico. Cuando empezó a plantearse la protección de estos establecimientos se aducía que preservar la actiiniciadas vidad entraba en clara confrontación con la directiva europea Bolkestein que garantiza el libre mercado. Sin embargo, este último trabajo encargado por el Ayuntamiento finalmente ha visto margen de maniobra para actuar.
“Es un principio y su entrada en vigor no es automática. Para llevarla a cabo será necesario el consenso de todos los grupos políticos tanto en el Ayuntamiento como en el Parlament”, explica Montserrat Ballarín, concejal de Comercio, Mercados, Régimen Interior y Hacienda. El cambio legislativo comportará una modificación en la ley para lo que será necesario antes establecer en un listado aquellas actividades que aún perviven y son susceptibles a formar parte del patrimonio cultural inmaterial y, precisamente por ello, deben ser protegidas, explica la edil.
Esta iniciativa se sumaría a las ya hace tres años por el Ayuntamiento como es la subvención al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los establecimientos emblemáticos, que no ha tenido la acogida prevista, ya que el año pasado solo uno de los negocios se adhirió a esta iniciativa, cuando en el anterior lo hicieron 73. Según el gobierno municipal, la caída se debe a cambios normativos. La convocatoria del 2019 permanece abierta. En cualquier caso, no siempre protege al dueño del negocio, ya que quien aprovecha este incentivo es el propietario del local y el que lleva el comercio es el arrendatario. Al margen de esta medida económica, el ejecutivo local ha promocionado a través de rutas o libros los comercios emblemáticos singulares. Sin embargo, los responsables municipales son conscientes que esta política comercial no ha tenido el resultado deseado.
Un informe encargado por el Ayuntamiento abre la puerta a preservar la actividad
La protección de la actividad es una medida que ha sido reivindicar por un sector con unos negocios que sufrieron una sangría principalmente a raíz de la entrada en vigor en el 2014 de la ley de Arrendamientos Urbanos que ponía fin a los alquileres de renta antigua. Muchos negocios, sobre todo los ubicados en las calles más comerciales y del centro de la ciudad, se vieron abocados al cierre al no llegar a acuerdos de renovación de contratos con la propiedad.
“Las administraciones deben ir más allá y fijarse en los modelos de otras ciudades europeas; una vía sería la creación de un consorcio en el que participe el Ayuntamiento, la Diputación de Barcelona y la Generalitat que asegure la continuidad de los negocios que se consideren necesarios para mantener la memoria de nuestras ciudades”, apunta Alberto Mejías, cofundador de la asociación de comercios emblemáticos de Barcelona. En el caso de París, una sociedad pública compra los locales que se prevén preservar y luego los alquila a precios adecuados. Aunque inicialmente necesite fondos propios, la idea es que este vehículo pueda autofinanciarse. En cualquier caso, destaca Mejías, “hay que poner en valor que estos lugares aportan, especialmente el trato personalizado y el cuidado al cliente, y eso depende de los propietarios de los negocios”.
Los casos de desaparición del mobiliario y la decoración de alto valor patrimonial de tiendas ya cerradas como Musical Emporium, El Indio o la filatelia Monge aún escuecen. Que el propietario del local sea uno y el del negocio otro hace que, si este último cierra porque el precio del alquiler, al finalizar el contrato de arrendamiento, se dispara y hace imposible seguir trabajando, se lleve con él todo el contenido, que es suyo, e intente venderlo para amortiguar las pérdidas.
Al margen de estas iniciativas de protección para los 182 establecimientos que aún están en funcionamiento, el gobierno de la ciudad también ha iniciado otro plan urbanístico para proteger 31 bodegas históricas de Barcelona que más adelante se incorporarán al catálogo de emblemáticos. Antes del verano el Ayuntamiento decretó una suspensión de la concesión de licencias y permisos de obras en ellos durante un año para protegerlos mientras se decide el nivel de catalogación.
INCENTIVOS FISCALES
En el 2018 únicamente un establecimiento solicitó la subvención al IBI