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La detención de nueve miembros de los CDR acusados de rebelión y terrorismo, y la crisis a raíz de la suspensión de pagos de Thomas Cook.
NUEVE miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) fueron detenidos ayer en un amplio operativo de la Guardia Civil en Catalunya, que incluyó numerosos registros. Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se refirieron a estas personas como un grupo terrorista, que supuestamente estaría planeando actos violentos en fechas próximas a la conmemoración del segundo aniversario del 1-O y la promulgación de la sentencia del juicio del 1-O. Señalaron que se habían hallado en su poder componentes para la elaboración de explosivos. Y se les imputaron delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos. Dos de estas nueve personas fueron puestas en libertad ayer por la tarde. Las restantes fueron trasladadas a la sede de los servicios de información de la Guardia Civil en Madrid.
Estas detenciones se han producido en un momento políticamente muy delicado. Las sensibilidades están a flor de piel. De ahí que algunas de las reacciones que ayer se produjeron fueran vehementes. Desde medios independentistas, se convocaron concentraciones de protesta en numerosas localidades catalanas. Y se divulgó la teoría de que las detenciones eran una operación política y un montaje con intencionalidad electoral, carente de fundamento tangible, puesto que no se han producido hasta la fecha acciones terroristas.
He aquí un punto de vista que tener en cuenta, pero que no puede presentarse a estas alturas como un reflejo irrefutable de la realidad. Es verdad que en el pasado ciertas investigaciones policiales, a menudo publicitadas con gran aparato mediático, no se tradujeron después en acusaciones firmes. Pero la justicia sigue siendo un pilar del Estado, obligado a actuar cuando de las investigaciones policiales se desprende que se están planeando acciones contrarias a la convivencia. La investigación de la Audiencia Nacional previa a las detenciones de ayer se ha prolongado durante un año y medio y ha permitido acumular una serie de informaciones supuestamente reveladoras. Recordaremos, en este sentido, que la labor policial preventiva es siempre preferible a la paliativa. Y, con el mismo convencimiento, que las acusaciones hay que probarlas.
Es comprensible que un caso de esta naturaleza suscite opiniones, incluso airadas. Pero creemos que antes de entrar en calificaciones es conveniente tener un conocimiento preciso de los hechos que motivan tales opiniones. La operación policial está bajo secreto judicial y, por tanto, se hace difícil precisar ahora cuál fue la actividad de los detenidos, cuáles eran sus propósitos y cuál era el potencial alcance de estos. La prudencia nos aconseja esperar a conocer con mayor detalle el caso antes de definirlo como una intentona terrorista o como un montaje estatal. Las imputaciones enunciadas son graves y, llegado el caso, sería preciso que se acreditaran de modo inequívoco.
Pero hay un punto sobre el que sí podemos y queremos expresar claramente nuestra posición: el rechazo a cualquier tipo de violencia, aunque sea en fase germinal. El movimiento independentista se ha ufanado hasta ahora de su conducta no violenta, y ha sabido gestionar grandes concentraciones evitando en líneas generales los brotes de intolerancia que llevan al enfrentamiento. Esa es una conducta que le distingue y le honra. Sus dirigentes son los primeros interesados en denunciar y evitar toda desviación de esta línea, que sería de efectos imprevisibles pero lesivos para todos.