El juez prolonga la instrucción del caso Pujol hasta marzo del 2021
El auto alude a la dificultad de la causa y a la no colaboración de los imputados
A la investigación sobre el origen de la fortuna de la familia Pujol y su gestión le puede quedar aún un largo camino judicial, hasta el 23 de marzo del 2021. Así lo decidió ayer el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, a la vista de una petición de la Fiscalía Anticorrupción para que la instrucción del caso Pujol fuera objeto de una nueva prórroga de 18 meses, con el fin de tratar de llegar al fondo de los hechos y fijar las respectivas responsabilidades de los investigados.
El juez subraya, en todo caso, que se trata de un plazo máximo, por lo que si consigue realizar antes de dicha fecha todas las diligencias e informes que le faltan, el caso se cerrará antes. Desde el encabezamiento de su resolución, el juez subraya la larga duración de este procedimiento, iniciado el 28 de diciembre del 2012, a raíz de un oficio de la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía, relativo a supuestas actividades ilícitas de Jordi Pujol Ferrusola. El radio de la investigación se fue ampliando a partir de octubre del 2014 hasta implicar a toda la familia Pujol, a cuyos miembros el magistrado describe como integrantes de “organización criminal”, al igual que hiciera en autos anteriores. Este es uno de los datos en que se basa para prolongar la instrucción de la causa, basándose en el artículo 324.4 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
Este precepto fija en seis meses el plazo ordinario de las investigaciones, muy rebasado en este caso, mediante sucesivas prórrogas. Pero también permite prolongarlas en los asuntos que se declaren como causa compleja. Y para ello establece una serie de criterios, el primero de los cuales es que el caso “recaiga sobre grupos u organizaciones criminales”, o “tenga por objeto numerosos hechos punibles”, a la vez que “involucre a gran cantidad de investigados o víctimas” o “implique la realización de actuaciones en el extranjero”.
De la Mata considera que se dan todas estas circunstancias y alguna más, dado que están pendientes “comisiones rogatorias internacionales dirigidas a Andorra y Luxemburgo” y “de cuyo resultado pudiera derivarse la necesidad de practicar nuevas actuaciones”. Y subraya que tiene también sobre la mesa una solicitud de diligencias de la sociedad Grand Tibidabo.
Añade el juez que la realización de actuaciones en el extranjero no depende de su juzgado, sino “del grado y celeridad de la cooperación facilitada por otras jurisdicciones”. Y explica que una parte de la causa tiene que ver con Oleguer Pujol, Luis Iglesias y otros imputados, y cuyo curso está condicionado por diligencias ya acordadas, “entre ellas requerimientos realizados a los dos investigados indicados, no contestados, por cierto, por los mismos”, aunque De la Mata recoge asimismo que tienen derecho a “no autoincriminarse”.
También se refiere a la Fundación Paty y Josep Pujol Ferrusola, en relación con el ingreso de 600.000 euros en el Banc Internacional d’andorra, lo que ha determinado nuevas actuaciones sobre este “instrumento societario opaco”. El juez subraya que ha tenido conocimiento “reciente” de esta nueva derivada, a través de un informe “presentado por la unidad investigadora” y que al respecto se ha librado otra comisión rogatoria a las autoridades andorranas.
La investigación se inició en el 2012 con Jordi Pujol hijo y se fue ampliando a todos los miembros de la familia