Incitar al tumulto

Lo sabemos. Las semanas que nos esperan, previas y posteriores a la sentencia que dictará el Supremo, no serán fáciles. Ni para los acusados, naturalmente, ni políticamente ni con respecto a la gestión del orden público. Esperamos que llegado el momento los poderes del Estado, a diferencia de lo que todos sufrimos durante los fets de la tardor, actúen de manera inteligente y eviten que nuestra sociedad se instale de nuevo en un clima prerrevolucionario que sólo beneficia a los que apuestan por el maximalismo destructivo. Al mismo tiempo hay que esperar también que el movimiento independentista, tan vivo pero sin rumbo compartido, actúe como siempre. De manera firme, sí, y escrupulosamente pacífica, también. De hecho, ha sido su apuesta programática por la no violencia lo que en la hora crítica desarmó al Estado cuando tuvo que afrontar el desafío popular que se le planteaba, asunto sobre el que Josep Maria Ruiz Simón escribió aquí una serie de columnas clarificadoras.

Dicho de otro modo, los hechos de ayer, que ya veremos cuál es su recorrido, no deben proyectar una idea mistificada sobre el movimiento independentista. Y como pueden crear pánico, necesitamos que se aclaren tan rápido como sea posible. Porque ahora mismo una incertidumbre amenazante puede inflamar una calma que se irá tensando hasta situarnos en uno de los momentos más complicados de los últimos años. En este sentido es un síntoma preocupante la conducta policial que los alcaldes de Sant Pere y Sant Vicenç de Torelló denunciaron a través de un comunicado oficial. Unos agentes los amenazaron diciéndoles que si se concentraba gente en torno del Mas Torrent de Codines, donde se estaba haciendo un registro, serían acusados de incitación al tumulto. La normalización de este clima de punición radical, como si toda queja ante una actuación policial pudiera reconvertirse en un acto de sedición, podría ser una estrategia preventiva para atemorizar a la ciudadanía antes de que se haga pública la sentencia. Sería un presagio funesto. El control democrático de la situación de ninguna manera debe equivaler a la restricción del derecho de manifestación y otros derechos fundamentales.