Dos acusados de robar 3.500 euros se enfrentan a 7 años de cárcel cada uno
Los dos hombres juzgados desde ayer como supuestos autores de clonar tarjetas de crédito, con las que obtuvieron un total de 3.500 euros de varios cajeros automáticos en diversas localidades de Salamanca, Madrid, Valladolid y Toledo, se enfrentan a siete años de cárcel cada uno. Ambos acusados han negado que cometieran los delitos de los que se les acusa.
Los hechos por los que se desarrolla la vista oral ocurrieron en febrero del 2017, cuando los dos procesados, supuestamente, instalaron un instrumento para captar las bandas magnéticas y los códigos PIN en un cajero automático de una entidad bancaria de Medina de Rioseco (Valladolid).
Con este sistema, según el fiscal, obtuvieron los datos de las tarjetas y efectuaron operaciones no autorizadas ni conocidas por sus titulares en las provincias de Salamanca, Madrid, Valladolid y Toledo.
A preguntas del fiscal, los dos procesados han sostenido que el material empleado para clonar tarjetas localizado por la Policía en la casa de uno de ellos no era suyo, y que pertenecía a un amigo que residía en una habitación alquilada en la misma vivienda.
Una decena de personas pasó ayer por la Sala de Vistas de la Audiencia vallisoletana, todos ellas perjudicadas por la extracción de distintas cantidades de dinero de sus cuentas mediante sus tarjetas, que oscilaron entre 50 euros la menor y 600 en total la mayor, y que los bancos ya les han devuelto.
Parte de los testigos han concretado cómo su oficina bancaria o el gestor de la tarjeta de crédito fue quien les informó de la extracción del dinero después de que se hubieran clonado las tarjetas, cuando las víctimas no habían sacado ninguna cantidad, y tras lo que acudieron a presentar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.
Un policía ha explicado que detectaron en Medina de Rioseco varias clonaciones de tarjetas y observaron imágenes de personas que manipulaban los cajeros automáticos. En ese momento, solicitaron apoyo para reconocer a las personas que estaban llevando a cabo la manipulación, y partir de ahí fueron policías de la unidad especializada correspondiente los que dirigieron la investigación, que se centró en los dos hombres ahora acusados.
Provisionalmente, el fiscal pide siete años de prisión para cada acusado, además del pago de forma conjunta y solidaria de una indemnización de 2.700 euros al Banco Popular y de 800 euros al Banco de Santander, por un delito de continuado de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsificación de tarjeta de crédito.