Vandalismo
Apropósito de la sentencia que ha declarado ilegal el cierre del Parlamento de Westminster, el diario conservador británico The Times ha publicado un artículo firmado por lord Sumption, un historiador medieval, ahora jubilado como juez del Tribunal Supremo, en el que tacha la iniciativa del primer ministro, Boris Johnson, de “vandalismo” constitucional.
El intrépido premier británico, de acuerdo con su retórica incendiaria, aconsejó a la reina la suspensión del Parlamento, induciéndole a actuar ilegalmente, ya que se servía de los poderes de la Corona para soslayar su responsabilidad ante la Cámara de los Comunes.
Al ignorar el único foro político colectivo, el jefe del Gobierno conservador introdujo una novedad hasta ahora desconocida en la política británica y, de paso, cometió un grave error que ha llevado a que un tribunal superior haya revocado sus acciones, los jueces le hayan recordado su deber constitucional y político al tiempo que han declarado ilegal el asesoramiento a la monarca.
Los pilares de la Constitución del Reino Unido (RU) son: el principio de la soberanía parlamentaria (la Cámara es el máximo órgano legislativo, al ser sus leyes la principal fuente del derecho inglés) y el imperio de la ley (todo el mundo es igual ante la ley y nadie está por encima de ella, incluidos aquellos que ocupan el poder).
El resultado del “vandalismo” constitucional, azuzado por Johnson, es que como efecto natural de la decisión del Supremo, las convenciones parlamentarias se han convertido en ley, lo cual no dejaría de ser lamentable si no fuese, a juicio del exjuez, porque haber llegado a esa situación es mejor que crear un vacío que pudiera aprovechar el Gobierno para hacer lo que le viniese en gana.
Lo que tiene de revolucionaria la histórica decisión del Supremo, que ha fallado de forma unánime contra una imposición llamemos frenopática, es que convierte a los tribunales en árbitros últimos de la bondad de las razones políticas. Y el sentido del fallo reside en la importancia de “salvaguardar, proteger y estimar” la democracia parlamentaria.
Incluso quienes, como el autor del artículo, piensan que la política no es asunto del que deban ocuparse los tribunales de justicia, han recibido bien la sentencia, dejando a un lado –en este caso– su objeción según la cual las intervenciones judiciales socavan la legitimidad democrática en la toma de decisiones públicas.
En el Reino Unido, el Parlamento es el único órgano al que los ministros deben responder por sus quehaceres políticos. Y ahí se asienta el corazón del sistema. Según lord Sumption (como magistrado de la Corte Suprema lleva aparejado, de forma vitalicia, el titulo de lord): “Un referéndum –refiriéndose al Brexit– no es una fuente jurídica ni un mecanismo para pedir cuentas a los ministros. Es una instantánea de opinión pública y un hecho político importante para que los parlamentarios lo tengan en cuenta. Pero eso es todo”.
El Tribunal Supremo no se siente atañido por las cuestiones políticas que rodean al referéndum. Lo que le preocupa es el proceso que seguir para que los asuntos queden resueltos, de cara a resituar al Parlamento en el corazón de ese proceso. Las apelaciones al referéndum como fuente alternativa de legitimidad, según el exjuez, son realmente “llamamientos para rechazar el necesario compromiso”. Resulta evidente que la prórroga del Parlamento fue un método para eludir el proceso político y evitar la presión inherente a él.
Resulta, por tanto, absurdo criticar a la Cámara de los Comunes por estar tan dividida como lo están aquellos a quienes representa y es peligroso obstaculizar sus intentos de acomodar las divisiones y evitar los excesos en aquello que tiene que ver con el Brexit.
La Constitución británica es muchas cosas, como reglas prácticas y actitudes mentales que forman parte de una cultura política compartida. Las convenciones políticas son una alternativa (mejor, más flexible y democrática) a la ley. Pero si se quiere evitar una Constitución, como tal, y esta es una convicción histórica, hay que respetarla.
La moraleja es que este animal político, Boris Johnson, para quien todo Brexit que no sea salvaje es una “traición” y una “rendición”, ha elevado el lenguaje del odio a niveles hasta ahora desconocidos en la política del Reino Unido. Asimismo, según la Constitución, el 52 por ciento “no puede esperar llevarse el 100 por ciento del botín, tienen que comprometerse con el resto”. Y para eso está el Parlamento.
En definitiva y en sintonía con su sistema jurídico, la Corte Suprema, con arreglo al sistema de
common law, ha ampliado sus funciones de control, actuando como tribunal constitucional, al igual que ocurre con el Tribunal Supremo en EE.UU. En este caso, ante una arbitrariedad de tal calibre como que el primer ministro se haya permitido, con una argucia impresentable, cerrar el Parlamento. Eso, en España, sería impensable.
El Gobierno conservador ha cometido un grave error, y los jueces han revocado sus acciones, le han tenido que recordar su deber constitucional y político y han declarado ilegal el asesoramiento a la reina. En una democracia que respeta la división de poderes, el vandalismo constitucional no es un buen compañero de viaje. Cada poder desempeña un papel, y eso contribuye a transparentar las anomalías funcionales con mayor nitidez.
El lector habrá ido descifrando la complejidad del conflicto británico, sin poder esquivar las comparaciones con situaciones cercanas. Quienes invocan que la política no es asunto del que deban ocuparse los tribunales de justicia tienen sus razones, pero esta legítima preocupación no debe convertirse en burladero para que los jueces dejen, en último término, de arbitrar conflictos.
Ese ha sido el caso en la reapertura de Westminster y volverá a serlo cuando a instancias judiciales les toque pronunciarse sobre la devastación que supone el atropello a cualquiera de los pilares del Estado de derecho.
Boris Johnson ha elevado el lenguaje del odio a niveles hasta ahora desconocidos en el Reino Unido