Choque de competencias
La CNMC, desde Madrid, y la agencia catalana se disputan la investigación sobre la denuncia por boicot de la campaña de la ANC
El enfrentamiento entre las autoridades catalana y española de la competencia por quedarse con la investigación del boicot de la ANC amenaza con llegar al Tribunal Constitucional. La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llevan semanas discutiendo sobre quién es competente para tramitar la denuncia de la patronal Foment.
A finales de julio, la organización empresarial presentó una denuncia ante la ACCO contra la campaña de la ANC. La patronal considera que esa campaña, en la que se recomienda consumir los productos o servicios de determinadas empresas (las que apoyan la causa independentista) y no otras, atenta contra la competencia. En la web de la ANC se detalla que en la campaña se ofrece un listado de compañías “desvinculadas de las empresas del Ibex 35 y de los poderes políticos del Estado español”,
Desde que se presentó la denuncia, la agencia catalana y la CNMC no se han podido poner de acuerdo sobre quién es competente. La ACCO considera que los efectos a los que hace referencia la denuncia están circunscritos a la comunidad autónoma de Catalunya, mientras que la CNMC considera que trascienden ese territorio.
Si los dos organismos no se ponen de acuerdo en el proceso de asignación del caso, la cuestión se someterá al criterio de la Junta consultiva en materia de conflictos. La decisión de ese órgano puede ser recurrida al Tribunal Constitucional e iniciar entonces un conflicto sobre competencias.
En los 17 años que existen las autoridades de competencia autonómicas, sólo en cinco ocasiones se ha recurrido a la Junta consultiva y únicamente en un caso se acabó pidiendo amparo al Tribunal Constitucional. Fue entre la autoridad de la competencia madrileña y la estatal por un caso de transporte de viajeros.
Fuentes de la CNMC dijeron que “las conversaciones e intercambios de información entre autoridades de competencia no son públicas, porque forman parte en muchos casos de la instrucción o fases previas de determinados procedimientos y la ley obliga al deber de confidencialidad entre las partes”.
Desde la ACCO confirmaron que –tal como la propia patronal hizo público– Foment presentó una denuncia que posteriormente fue ampliada. En el escrito que presentó Foment se explicaba que “la denuncia plantea que la estrategia de la ANC, a partir de un registro público de las empresas comprometidas con la economía de Catalunya, es una conducta anticompetitiva prohibida porque es contraria a la buena fe, falsea la libre competencia en el mercado y afecta al interés público”.
En paralelo, la semana pasada se celebró el juicio en el que Foment pedía medidas cautelares a la ANC para que suspendiera y retirara la campaña denominada Consum Estratègic. En la vista, la ANC defendió que la campaña no era un boicot, sino que es un proyecto que se enmarca en la “libertad de opinión”. En cambio, la patronal Foment del Treball insistió en el perjuicio que provoca esta campaña, al considerarla un boicot hacia las empresas no independentistas.
En 17 años, sólo en una ocasión se recurrió al Constitucional por una disputa entre este tipo de autoridades