El Ejecutivo catalán evita hablar de desobediencia institucional
El Govern de la Generalitat se ha referido a menudo a la desobediencia civil, pero ha dado largas cuando se le ha preguntado si esta desobediencia será también institucional como replica a una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo sobre el 1-O. Ayer volvió a pasar lo mismo y la portavoz del Govern, Meritxell Budó, únicamente admitió que el Gabinete prepara “una respuesta institucional”.
Esta “respuesta” aún no se ha hecho pública. Ni parece que el Govern quiera avanzarla antes de la decisión judicial. Ahora bien, Budó dio a entender que se movería en el terreno de la declaración: “Cuando sea el momento explicaremos cuáles son las acciones que llevaremos a cabo, que obviamente pasarán por declaraciones institucionales”.
La también consellera de Presidència llegó a decir que “en este momento no está sobre la mesa” la desobediencia institucional, porque, según dijo, el Ejecutivo catalán sólo prevé la absolución de los doce acusados por el 1-O.
Si el Govern no da finalmente un paso más allá, habrá que ver cómo separan Jxcat y ERC la desobediencia como formaciones políticas de su papel como socios de gobierno. Y más teniendo en cuenta que las dos formaciones, con la CUP, aprobaron una propuesta de resolución en el Parlament en la que la Cámara catalana “afirma la legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como herramientas en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales”.
Budó, además, evitó también pronunciarse sobre la huelga general que la Intersindical-csc primero convocó para el día 11 de octubre y después desplazó al 18. La consellera sólo dijo que el Govern estudiaría, después de conocer la sentencia, qué iniciativas apoyaría y a cuáles no.
Todas estas declaraciones se producen en un momento en que la sociedad civil parece organizada
RESPUESTA A LA SENTENCIA
Jxcat, ERC y la CUP dan el protagonismo de las movilizaciones a la sociedad civil
EN MÉXICO, TÚNEZ Y ARGENTINA
El Govern ignora el recurso del ministerio y nombra a tres nuevos delegados exteriores
para responder al minuto de hacerse pública la decisión de los jueces del Supremo. En este sentido, la plataforma Tsunami Democràtic y la ANC y Òmnium, además de los CDR, se han puesto las pilas y cuentan con el apoyo explícito de los partidos.
Tanto es así que Jxcat y ERC han confirmado su presencia, en mayor o menor medida, a las diferentes marchas anunciadas por las entidades. Los posconvergentes garantizan su apoyo a todas aquellas movilizaciones de carácter unitario, cívico y pacífico. Así, no conciben actos particulares de partido y se encomiendan a la estela de la sociedad civil. En el plano institucional, y a pesar de no dar detalles, Jxcat sostiene que la respuesta del Govern “se ha trabajado bien, será unitaria y estará a la altura de lo que reclama la gente”. Línea similar a la que expresa ERC, que también subraya las dos vías de respuesta: la institucional y la social. Su portavoz, Marta Vilalta, recordó ayer los antecedentes del movimiento independentista para apuntar a “diferentes movilizaciones en defensa de la democracia y los derechos, apelando a la política y el diálogo de forma pacifica y cívica”. Los republicanos, además, planean una declaración formal con Pere Aragonès y una representación de cargos electos el mismo día de la sentencia, desde la sede.
La CUP, por su parte, pone el acento en la “movilización popular” y la “desobediencia civil colectiva”, por encima de la respuesta institucional. Al margen, Carles Puigdemont anunció que el Consell per la República convocará una asamblea de cargos electos.
Mientras tanto, la Conselleria d’acció Exterior ha nombrado a tres nuevos delegados, en México, Túnez y Argentina. Estas delegaciones, aunque todavía no están creadas, fueron impugnadas por el Ministerio de Exteriores que dirige Borrell ante los jueces. El departamento que dirige Alfred Bosch responde así al recurso y aseguró ayer: “A pesar de la ofensiva judicial con trasfondo político del ministro Borrell, seguimos adelante”.