La OCDE propone un impuesto unificado sobre los gigantes digitales
El gravamen sustituiría a la tasa Google anunciada por el Gobierno español
El proyecto para establecer la llamada tasa Google –un impuesto aplicable a los gigantes digitales–, con carácter global, sigue avanzando y se mantiene el objetivo de que pueda llegarse a un acuerdo político en el 2020. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó ayer en su sede de París una proposición que será llevada a la reunión de ministros de Finanzas del G-20 la próxima semana en Washington.
La “propuesta unificada” de la OCDE trata de conciliar los planteamientos hechos por tres países –Estados Unidos, Gran Bretaña e India– y busca facilitar el consenso. En síntesis, se fija un ámbito de aplicación de la nueva tasa –cuyo porcentaje aún no se cuantifica– para aquellas compañías de gran tamaño que, sin tener presencia física en unos territorios, sí poseen un volumen de negocio considerable.
El secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, advirtió que “la incapacidad de lograr un acuerdo de aquí al 2020 aumentaría considerablemente el riesgo de que los países tomen medidas unilaterales, lo cual tendría consecuencias negativas para una economía mundial ya frágil”. “No debemos permitir que eso se produzca”, insistió Gurría, quien implícitamente se refería la actitud de Francia, que este año ha impuesto ya una tasa del 3% sobre la facturación en el país de las compañías del entorno digital –como Google, Apple, Facebook y Amazon– cuya cifra de negocios supere los 750 millones de euros a escala mundial.
España también tiene a punto un proyecto muy similar que tiene como objetivo tasar aquellas empresas con un volumen de negocio de más de 3 millones de euros en el país y más de 750 millones de euros a escala global. La idea es cobrar el 3% de los servicios de publicidad online que facturen. Se estima que este tributo permitiría recaudar 1.200 millones de euros. Las elecciones generales han dejado la medida en suspenso, pero el PSOE se ha comprometido a promoverla si logra formar gobierno. Habrá que ver como queda este esquema si la iniciativa de la OCDE prospera.
Los avances hacia la instauración de la tasa Google, que de materializarse será un hito en la fiscalidad del siglo XXI, han sido posibles gracias a una toma de conciencia creciente de los responsables de finanzas de los 134 países susceptibles de aplicarla. Fue muy importante para desbloquear la cuestión el acuerdo de principio alcanzado por los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre del G-7 que tuvo lugar a finales de agosto en Biarritz, en el País Vasco francés. A partir de ahí se formó una task force, un grupo de trabajo franco-estadounidense, con el apoyo técnico de la OCDE, y un seguimiento muy de cerca del ministro galo de Finan
FISCALIDAD PARA EL SIGLO XXI Son 134 los países dispuestos a hacer tributar a los gigantes de la economía digital
CAMBIO DE CRITERIO Hasta ahora Francia y España se fijaban en la facturación, la OCDE incluye los beneficios
zas, Bruno Le Maire, y su homólogo el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin.
“Si el G-20 y otros países aceptan negociar sobre esta base, podremos avanzar muy deprisa hacia un acuerdo político”, aventuró ayer Pascal Saint-amans, director Centro Político y de Administración Fiscal de la OCDE, el órgano clave en el diseño de la nueva tasa. Según Saint-amans, lo decisivo es que haya “una verdadera negociación”, con ganas de concluirla. En ese caso ve posible que haya incluso un acuerdo ya en enero o, como máximo, en junio del 2020. “La dinámica es bastante positiva, aunque es extremadamente complicado”, agregó.
La propuesta de consenso de la OCDE incluye la descripción teórica de aspectos muy técnicos y jurídicos junto a valoraciones histórico-políticas para justificar la nueva tasa. En el punto 16 del documento, por ejemplo, se afirma que “en la era digital, la atribución de derechos fiscales ya no puede circunscribirse exclusivamente a la referencia a la presencia física”, y recuerda que “las actuales reglas se remontan a los años veinte (del siglo XX) y ya no son suficientes para una justa atribución de derechos fiscales en un mundo cada vez más globalizado”.
Será la cifra de negocios la que determine si una empresa sin presencia física en un territorio está sujeta o no a la tasa digital. Obviamente se calibrará ese volumen de negocios con el tamaño de cada país, para que los pequeños no se vean discriminados. La OCDE propone un sistema mixto. Además del volumen de negocio, se tendrá en cuenta el nivel de beneficios de la compañía en cuestión. La definición precisa de estas variables no será fácil. En el documento se habla siempre de “cifra A, cifra B, cifra C”, unos números genéricos, teóricos, que dependen del compromiso final, en el que habrá ajustes y excepciones. Sí se menciona la cifra de 750 millones de euros de facturación mundial –como la ley francesa o el proyecto español– como umbral mínimo para pagar la tasa. La OCDE está abierta a las objeciones de las partes afectadas. La propuesta presentada ayer está sometida a la consulta pública hasta el 12 de noviembre. Más adelante se celebrará una reunión en París para abordar los problemas surgidos y estudiar soluciones.