Foment pide que la reacción a la sentencia no afecte a la economía
La ANC presiona al Govern y le acusa de no dar pasos hacia la independencia
La patronal Foment del Treball apela a la “responsabilidad” en la reacción al veredicto judicial por el procés.
No sólo la política está pendiente de la sentencia del procés. El inminente fallo del Tribunal Supremo pone en alerta también a agentes sociales y económicos como Foment del Treball, que ayer en un comunicado pidió que las reacciones a una posible sentencia condenatoria se administren con “responsabilidad”.
En este sentido, la patronal catalana hizo un llamamiento a la serenidad y reclamó que “se evite que la legítima manifestación de protesta afecte al normal desarrollo de la actividad económica y a la cohesión social” en Catalunya. Y es que Foment, pese a que admite que la sentencia tendrá “una importante afectación emocional” en la sociedad catalana, aboga por la moderación y “el respeto más absoluto a las decisiones de la justicia”.
No todo son cautelas en el documento de Foment. La patronal también mira más allá y confía en que la sentencia abra una nueva etapa para “superar el callejón sin salida actual entre Catalunya y el resto del Estado”. Para ello propone “pacto” y “facilitar la recuperación de la estabilidad y de la normalidad democrática e institucional”.
El comunicado de Foment, a las puertas del fallo del 1-O, se sitúa en las antípodas del pronunciamiento la semana pasada de la Cambra de Comerç de Barcelona. La entidad, conducida desde la primavera pasada por la lista independentista Eines de País, de la ANC, se mostró dispuesta a sumarse a “la respuesta de país”. “No podemos quedar indiferentes en este momento excepcional de regresión de derechos y libertades en Catalunya”, rezaba el comunicado de una Cambra de Barcelona que, en todo caso, anunció que consultará a sus afiliados la respuesta a la sentencia. Una declaración que la Cámara de Comercio de España consideró “lamentable”.
Mientras tanto, Foment del Treball ya se ha mostrado reacia a una propuesta lanzada desde la presidencia del Parlament para adherirse a una respuesta conjunta de patronales, sindicatos y entidades civiles a la sentencia. Una posición, la de la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre, contra la que ayer cargó duramente el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. “¿De qué responsabilidad hablan? ¿De la de los que llamaban y amenazaban a las empresas catalanas para que cambiasen de sede social?”, cuestionó el líder de Jxcat en un tuit en el que también acusó a Foment de “cómplice” cuando “el Gobierno decidió afectar a la economía catalana de forma grave”.
De hecho, y también desde Bélgica, el exconseller Toni Comín llamó a “buscar el desgaste económico del Estado”, palabras que rebatió la
Torra denuncia a la secretaria de España Global por calumnia, prevaricación y obstrucción a la justicia
consellera de Empresa, Carme Chacón, para rechazar cualquier boicot. De este modo, Chacón pidió “compatibilizar” las movilizaciones sociales con el desarrollo económico.
En este tenso contexto, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) presionó ayer al Govern. Su presidenta, Elisenda Paluzie, le reprochó al Ejecutivo catalán que dos años después del 1-O, y a apenas unos días de la sentencia, “no ha hecho los pasos preparatorios para materializar la independencia”. De hecho, sostuvo que “en cierto modo” se han dado pasos atrás en los dos últimos años.
Donde sí se muestra activo el Govern es en la esfera exterior. En el toma y daca constante entre los departamentos de Exteriores de Generalitat y Gobierno ayer el president Quim Torra denunció ante la Fiscalía a la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, por el informe La realidad sobre el proceso independentista, publicado en agosto y dirigido a los diplomáticos españoles en el exterior. Según Palau, el documento atenta contra la presunción de inocencia y criminaliza el movimiento independentista. Por ello, el gabinete jurídico del president denuncia a Lozano por prevaricación, calumnia y obstrucción a la justicia.
La secretaría de Estado dirigida por Lozano replicó a Torra que seguirá defendiendo la reputación de España en el exterior pese a los intentos de “censura”.