Bassa pide la nulidad del fallo del 1-O por atribuirle competencias erróneas
La sentencia le imputa el control de escuelas que no gestionaba su conselleria
El epílogo de la sentencia del caso 1-O ha empezado a escribirse. Consistirá en la presentación de incidentes de nulidad, para cuestionar el fallo y que el Tribunal Supremo (TS) tenga que dictar otro, en el que corrija supuestos errores. Quien va a abrir esta vía será la exconsellera de Treball Dolors Bassa, condenada 12 años de prisión por los delitos de sedición y malversación. Su reclamación se basa en que el fallo le atribuye haber actuado en la cesión de centros de votación ejerciendo competencias que nunca tuvo, en tanto que titular de la Conselleria de Treball y no del Departament d’ensenyament.
La tesis de la defensa de Bassa –a cargo del letrado Mariano Bergés– es que la Sala Penal ha efectuado una errónea valoración de las pruebas aportadas a la vista oral. En las sesiones del juicio y con los documentos unidos a la causa habría quedado claro que los centros de enseñanza dependían de la Conselleria dirigida por Clara Ponsatí, titular d’ensenyament. En cambio, el fallo del Supremo considera probado que fue Bassa quien aseguró la disponibilidad de los centros educativos para que el 1-O funcionaran como locales de votación.
En la vista la defensa de Bassa sí admitió que la consellera de Treball dio instrucciones a una docena de centros cívicos dependientes de su departamento para que pudieran permanecer abiertos hasta las 6 de la mañana del día de referéndum. Las autorizaciones efectuadas lo habrían sido para actividades lúdicas, lo cual se trató de demostrar con la aportación de correos electrónicos sobre las gestiones realizadas en ese sentido.
La sentencia, a su vez, explica que Bassa “retiró a los funcionarios de Enseñanza y Trabajo, de cuyos departamentos era titular, la competencia sobre los centros de votación, asegurándose la disponibilidad” de los locales en cuestión. La defensa va a exponer que mal podía
EL ARGUMENTO
La defensa sostuvo que la consellera de Treball no gestionaba los centros educativos
LA POSIBLE RESPUESTA
El Supremo puede estimar que se produjo un simple error material y corregirlo
la consellera de Treball tomar tales disposiciones en relación con escuelas y centros de enseñanza sobre los que no tenía atribuciones.
Durante el juicio se discutió mucho sobre la posible existencia del delito de malversación por la cesión de las escuelas como centros de votación. Hubo sobre este asunto pruebas periciales opuestas. Unos peritos dijeron que se habría causado grave daño a las arcas públicas por ese uso indebido, y otros sostuvieron que este tipo de locales no suelen alquilarse, con lo que mal podría calcularse cuánto habría dejado de ingresar la Administración por dedicarlos el 1-O a colocar las urnas y recoger votos. Llegó a debatirse incluso si en el caso de considerarse la existencia de perjuicios, había que calcularlos en razón de la superficie total de los centros habilitados para las votaciones, o sólo en función de los metros cuadrados utilizados para dicho fin.
El debate sobre los centros educativos fue, por tanto, exhaustivo. Lo cual incrementó la sorpresa de la defensa al comprobar que la sentencia remitía su control a Bassa. Si este hecho fuera corregido por el Supremo, la consecuencia más importante de la modificación podría ser una revisión de la pena. La conducta delictiva atribuida a Bassa no tendría la misma relevancia si se la considera a cargo de 12 centros cívicos en los que se votó, que si se estima que autorizó usar más de dos mil escuelas para un referéndum ilegal. Los 12 años de prisión que se le han impuesto podrían rebajarse en uno o dos grados, al quedar aminorada su responsabilidad, y situarse en menos de la mitad.
En todo caso, en medios de la propia defensa se ve con cautela el curso que pueda seguir el incidente de nulidad que se va a plantear. El Supremo podría limitarse a aclarar que Bassa no era, efectivamente, consellera de Ensenyament, y atribuir esa mención a un simple error material. Con esta corrección quedaría implícito que la condena se dictó con arreglo a una valoración conjunta de las pruebas, sin dar por supuesto que controlara las escuelas. De hecho, la imputación de malversación a Bassa se basó en que contribuyó a los gastos relativos a las papeletas y las notificaciones que repartió la empresa Unipost.