Una valoración provisional

Esta semana, que empezó con la dura sentencia del juicio del 1-O, y que ha seguido con disturbios nocturnos en ciudades catalanas, llega hoy a su apogeo. Así se desprende, al menos, del programa de protestas contra el fallo del Supremo. Para hoy se anuncia la convergencia en Barcelona de las cinco marxes per la llibertat convocadas por Òmnium y la ANC (a las que se añadirá una sexta, de los CDR, procedente de Castelldefels). Y, también, la huelga impulsada por las soberanistas Intersindical-csc y IAC. Vistos los sucesos recientes, esta suma de factores presenta un potencial preocupante. Por eso hacemos aquí una llamada a la mesura y, acto seguido, una valoración provisional –y negativa para casi todos– de lo acaecido hasta ahora.

Primero están los daños personales. En los tres primeros días de incidentes se produjeron cientos de heridos, entre ellos 194 policías. Los daños materiales no son menores: sólo en Barcelona se han quemado 400 contenedores y diez coches, y se ha vandalizado el mobiliario urbano.

Se han registrado también otro tipo de daños, como el rejuvenecimiento y la ampliación de los círculos radicales, acaso propiciada por invitaciones como la del presidente Torra o por la sensación de que contribuir a los disturbios sale barato. Asimismo se han registrado daños intangibles sobre la imagen de la ciudad, que pueden pasar factura más pronto que tarde. Mencionaremos también el perjuicio a la economía, en tantos sectores. Por ejemplo, el del teatro, que cayó un 50%.

Hay perjuicio, incluso, para el propio movimiento independentista, que hasta ahora se había caracterizado por sus manifestaciones no violentas, y había gestionado bien grandes concentraciones, pero que ya se asocia también con lo ocurrido en las noches de violencia y fuego. Lo cual puede llegar a tener costes para el independentismo: los alborotos no le granjearán nuevos apoyos, pero pueden privarle de algunos, en especial si la agitación se prolonga. Porque no puede pedirse a todos los ciudadanos, sea cual sea su ideario, que aplaudan sine die los disturbios y la quema de bienes públicos o privados, o los cortes de calles y rutas que alteran la actividad cotidiana de los ciudadanos de modo abusivo.

Hay más. En el ejercicio de su labor informativa, numerosos periodistas han percibido, muy a su pesar, otro efecto indeseado de esta crisis: un trato a su persona progresivamente hostil, por el mero hecho de cumplir su obligación. Varios profesionales, algunos de La Vanguardia, han sido víctimas de amenazas, golpes y agresiones mientras trabajaban. Tampoco están saliendo indemnes de una semana ciertamente agitada algunos políticos, empezando por Quim Torra. Ni el prestigio de instituciones como la Generalitat. Ayer Torra volvió a tener un mal día. Durante la comparecencia en el Parlament para exponer su hoja de ruta se quedó solo y escuchó peticiones de dimisión por incapacidad que cursaron Cs, PSC, Catalunya en Comú y PP. Y los reproches de ERC, sus socios de Govern, que lamentaron no haber sido informados sobre el contenido de dicha hoja de ruta, vertebrada por la idea de volver a las urnas para “ejercer la autodeterminación” antes de que expire la legislatura en diciembre del 2022.

Quizás no haya que esperar tanto. El discurso de Torra parece agotado. Se empecina en ignorar los probados límites de la unilateralidad y propone recaer en errores ya cometidos. Lo cual, añadido a la vieja y cada día más abierta fractura del Govern de JXC y ERC, incapaces de pactar siquiera una respuesta unitaria a la sentencia, quizá nos esté indicando que unas elecciones anticipadas son la salida más pertinente.

Este es el telón de fondo ante el que se desarrollará la jornada de hoy, prevista por el independentismo como otro hito histórico. Pero preñada de serios riesgos, que deberían ser gestionados con mucha mayor precaución que hasta la fecha.

Esta semana ha sido negativa para casi todos; la jornada de hoy se debe gestionar con precaución