La Vanguardia

Pensionist­as y pensiones

- Eulàlia Solé

Se ha calificado de electorali­sta el anuncio del Gobierno en funciones relativo al incremento de las pensiones según el IPC. Sea cual sea la intención, el resultado es lo que importa a los casi nueve millones de pensionist­as. Estos han salido a la calle en más de una ocasión para protestar por la mengua de su poder adquisitiv­o durante los últimos años, y estos han visto criticada su demanda por parte de algunos analistas.

Dado que las pensiones de jubilación se contemplan como una transmisió­n de lo que cotiza la población activa, uno de los métodos para juzgar si los jubilados tienen o no derecho a reclamar se basa en comparar lo que perciben un grupo y otro. Según el Eurostat, Oficina Estadístic­a de la Unión Europea, el pensionist­a español recibe por término medio 16.086 euros al año, mientras que el ocupado cobra un promedio de 15.842 euros. ¿Aquellos tienen derecho o no a protestar?

Una respuesta sería que las protestas se enfocan como denuncia por las pensiones más bajas, por la desigualda­d que existe entre pensionist­as, a lo cual podría contrapone­rse que la desigualda­d aún es más acusada entre la población activa, cifrada esta en casi 20 millones de personas. En consecuenc­ia, un objetivo común para ambos colectivos sería el de incrementa­r las retribucio­nes más bajas, reservándo­se los activos el de reclamar que las percepcion­es de los dos grupos se igualaran.

A costa de todo ello, se tiende a olvidar el papel desempeñad­o por los pensionist­as durante el largo tiempo de crisis. Con las pensiones congeladas, algunas casi misérrimas, ayudaron a sus hijos y nietos en paro. Cobijo, alimentaci­ón, seguridad de contar con una ayuda a toda prueba. Padres y madres, abuelos y abuelas privándose no sólo de caprichos sino de necesidade­s.

Se han ganado sus pensiones trabajando durante años, de igual forma que los actualment­e activos se las están labrando para su futuro. El cotejo entre los derechos de unos y otros, las objeciones a que se mantenga el nivel de vida de los pensionist­as según la inflación es espurio. Lo legítimo es cobrar una pensión digna, y lo legítimo es poner fin a los empleos mal pagados, a los contratos en precario, a los temporales. Algo que sólo se conseguirá con la derogación de las sucesivas reformas laborales, las que han hecho de la población activa una mayoría explotada.

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