El juez acusa de delito ambiental a dos directivos y a la adjudicataria del Castor
Los otros investigados, diez altos funcionarios del Estado, son exculpados
Por fin se vislumbra un juicio para el caso Castor, abierto en setiembre del 2013 tras el alud de seísmos en la costa del delta del Ebro y Castellón provocados por la inyección de gas en el subsuelo marino. El juzgado de instrucción n.º4 de Vinaròs (Castellón), donde está ubicada la planta terrestre, ha decidido procesar por un presunto delito ambiental a los dos principales directivos de Escal UGS, la empresaria responsable de la construcción y puesta en marcha del almacén, en fase de invernación desde el 2016.
La compañía adjudicataria, participada mayoritariamente por la ACS de Florentino Pérez, está procesada por el mismo delito. En cambio, el magistrado ha exculpado al resto de investigados, diez altos funcionarios del Estado, con cargos de responsabilidad en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Instituto Geológico Minero de España (IGME).
Todos ellos dieron luz verde al proyecto, fallido, pero el juez considera que no se ha podido probar que cometieran un delito de prevaricación medioambiental dolosa e imprudente a pesar de que el almacén que autorizaron provocó más de 500 seísmos.
Quienes sí deberán responder en el juicio por el fracasado macroproyecto energético son Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS y la cara más visible del Castor, y José Luis Martínez, su consejero delegado. Atrás quedan cuatro años y diez meses de instrucción, con la declaración de decenas de testigos, incluidos varios responsables políticos.
El titular del juzgado n.º4 de Vinaròs sostiene que los máximos responsables de la empresa concesionaria incrementaron de forma brusca el caudal de inyección del gas hasta el reservorio marino a pesar de que eran “conscientes de la peligrosidad sísmica”. El magistrado considera demostrada la relación causa efecto entre la inyección del gas a una enorme presión y los terremotos registrados en la costa del Ebro y Castellón en el verano del 2013, justo después de ponerse en marcha el Castor en fase de pruebas. El magistrado reprocha a los dos directivos acusados que siguieran ordenando la inyección de más gas desde la planta terrestre hasta el almacén submarino a pesar de que ya sabían que se habían empezado a registrar pequeños seísmos en la red de sismógrafos instalada para controlar justamente la sismicidad en la zona. El juez sostiene que los directivos y por extensión la adjudicataria eran “plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica” del Castor, poniendo en riesgo el medio ambiente y a las personas.
La inyección de gas empezó el 2 de setiembre del 2013. A pesar de que ya en aquellos días hubo terremotos, la actividad en la planta de gas no se paralizó hasta el 26 de septiembre, casi cuatro semanas después, por orden del Ministerio de Industria. El magistrado acusa a los inculpados de haber pasado por alto el “grave riesgo potencial” de la actividad autorizada en el Castor.
En la interlocutoria, el juez recuerda que el gas que se inyectó hace seis años sigue en el almacén submarino porque aún no se ha procedido a desmantelarlo porque no existen las condiciones de seguridad para hacerlo.
La instrucción se ha alargado casi cinco años en el juzgado de Vinaròs, con cuatro cambios de magistrado