La falta de inversión agrava las patologías de muchos barrios
Los males urbanísticos e inmobiliarios del franquismo siguen aflorando medio siglo después
El hundimiento del edificio del pasaje de la Torre del barrio de la Salut de Badalona, sentenciado a una muerte lenta en una ejecución casi artesanal que ha comenzado con carácter urgente esta misma semana, ha vuelto a evidenciar los graves problemas de infravivienda que afectan a barrios enteros de Catalunya, en especial aquellos que se construyeron en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado, bajo la autoridad franquista, contraviniendo toda la lógica urbanística, llenando los bolsillos de los especuladores y, en muchos casos, actuando de forma ilegal y, casi siempre, atentando contra todo sentido común e incluso contra la dignidad humana.
La Salut, Ca n’anglada, Sant Roc, la Mariola, Riu Clar... son nombres que evocan unas condiciones de habitabilidad muy mejorables, miles de viviendas infradotadas, con un pecado original agravado por el paso del tiempo, la manifestación de patologías constructivas, la falta de mantenimiento, la desinversión pública, la dejadez de muchos propietarios y la falta de recursos de la mayoría de los residentes.
A falta de datos precisos más actualizados, el último censo de población viviendas, correspondiente al 2011, cifraba en 4.868 el número de edificios destinados a uso residencial en Catalunya que se encontraban en estado “ruinoso”. Otros 15.502 recibieron entonces la calificación de “malo” respecto a su conservación y 85.369 fueron categorizados como “deficientes”.
No obstante, esta clasificación no tiene en cuenta aún muchos de los males estructurales que pueden aparecer en los próximos años y que, de hecho, ya han comenzado a aflorar. Y es que más de 450.000 viviendas fueron construidas en esos años oscuros que ahora, en tiempos de burdo revisionismo histórico, algunos mal llamados nostálgicos se empeñan de un tiempo a esta parte en dulcificar. Hablamos del parque residencial levantado entre 1950 y 1980. Por supuesto, no todo él, ni siquiera la mayor parte, está bajo sospecha, pero no está de más recordar que esas son, por ejemplo, las décadas de la aluminosis, uno de esos males de hoy incubados ayer.
Para intentar controlar el estado del parque de vivienda, la Generalitat obliga a las comunidades de vecinos a que las fincas de más de 45 años pasen la Inspección Técnica del Edificio (ITE). Una vigilancia que determina qué patologías sufren los inmuebles y sus necesidades de mejora. Este año 143.022 inmuebles deben pasar esta inspección, pero, a fecha de hoy y según fuentes de la Generalitat, sólo 70.214 la han superado mientras que a otros 72.808 les falta dicho examen y, por tanto, todavía no disponen del certificado de aptitud.
La ley de Mejora de Barrios, Áreas Urbanas y Villas aprobada por el gobierno tripartito de la Generalitat en el 2004 trató de paliar en parte los déficits –no sólo de carácter urbanístico y habitacional, sino también de equipamientos y social– arrastrados de décadas anteriores. La filosofía de las ayudas que se pusieron en marcha a partir de la entrada en vigor de la ley acuñada por el entonces secretario de Planificación, Oriol Nel·lo, era “financiar proyectos, no problemas”. Prácticamente todo el mundo convino que el plan de barrios fue una excelente idea, si bien la participación del sector privado en la financiación de los programas de regeneración urbana aprobados no fue la deseada y, demasiado a menudo, hubo que echar mano de los recursos públicos casi en exclusiva.
Entre la primera, en el 2004, y la última, en el 2010, hubo siete convocatorias vinculadas con el plan de barrios, que sumaron un total de cerca de 150 proyectos, una inversión estimada en unos 1.350 millones de euros (la mitad aportados por la Generalitat) en un centenar de municipios en los que vivían cerca de un millón de personas. Cierto es que algo más de la mitad de los barrios que recibieron ayudas se correspondían con centros históricos, aunque en cerca del 30% de los casos se intervino, precisamente, sobre polígonos de vivienda desarrollados en los años sesenta y setenta para ubicar población migrante llegada de otras regiones de España y en un 20% en áreas de urbanización marginal sin planeamiento previo. Un cambio de gobierno en la Generalitat (el tripartito cedió el poder en el 2010 al gobierno nacionalista de Artur Mas) coincidente con la máxima explosión de la crisis dio al traste con la iniciativa. Posteriormente, las tentativas de recuperar el plan de barrios –cuyos últimos proyectos aún están terminándose de ejecutar– o algo similar no han pasado de la mera declaración de intenciones, si bien su recuerdo inspiró vagamente el plan de barrios puesto en marcha en Barcelona por Ada Colau en su primer mandato.
CERTIFICADO DE EDIFICIOS
Este año 143.022 fincas deben pasar una inspección, pero sólo lo ha hecho la mitad
REGENERACIÓN URBANA
Los últimos proyectos del plan de barrios aún se están terminando de ejecutar